La investigación judicial por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum podría ingresar en una nueva etapa procesal, ya que la Fiscalía evalúa pedir una extensión de los plazos para continuar con la recolección de pruebas y definir si corresponde avanzar con imputaciones.
El fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, confirmó que los fiscales intervinientes analizan solicitar una prórroga de 90 días hábiles, prevista en el Código Procesal Penal dentro del sistema acusatorio vigente, debido a la complejidad del expediente y al escaso tiempo restante para resolver el rumbo de la causa.
En declaraciones radiales, Baigorrí explicó que el plazo actual está próximo a vencer y que aún resta definir si se formalizarán acusaciones o si el expediente será archivado. En ese sentido, sostuvo que el volumen de información y la naturaleza técnica de la obra bajo análisis requieren mayor tiempo de trabajo.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 9 de diciembre por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar supuestas irregularidades en el proceso de contratación vinculado a la construcción del acueducto. Según el denunciante, el plazo inicial de investigación finalizaría a fines de mayo.
En caso de que la prórroga sea concedida, el Ministerio Público contará con tres meses adicionales para profundizar la investigación y reunir elementos que permitan determinar si corresponde avanzar hacia una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se formalizan las imputaciones y se detallan los hechos investigados. De no encontrarse pruebas suficientes, la causa podría ser archivada o desestimada.
Baigorrí destacó que la investigación ha avanzado de manera significativa y valoró el trabajo del equipo fiscal a cargo del expediente, integrado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a cuatro ayudantes fiscales, quienes fueron asignados debido a la magnitud y complejidad del caso.
La denuncia presentada apunta a presuntas maniobras irregulares en el proceso licitatorio de la obra y solicita investigar la eventual responsabilidad de funcionarios de la gestión provincial 2019-2023. Entre los señalamientos figura un supuesto direccionamiento en los pliegos para favorecer a una empresa proveedora de caños, vinculada según la presentación judicial a un familiar del entonces gobernador Sergio Uñac.
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