La Justicia analizará esta semana la apelación presentada por los querellantes tras el rechazo de distintas solicitudes, entre ellas la prisión preventiva de los principales investigados en la causa por una presunta estafa millonaria.
La investigación por la presunta maniobra fraudulenta atribuida a la firma Global Market tendrá un nuevo avance judicial esta semana, cuando se realice una audiencia destinada a revisar el rechazo de una serie de medidas cautelares solicitadas por la querella. Entre los planteos más relevantes figura el pedido de prisión preventiva para dos de los principales acusados del caso.
La instancia judicial se desarrollará este martes en Tribunales y estará a cargo del juez de Impugnación Daniel Guillén, quien deberá resolver si confirma la decisión adoptada previamente o si hace lugar a los planteos impulsados por los representantes de los denunciantes.
La causa investiga una supuesta estafa que, según las presentaciones realizadas ante la Justicia, habría generado un perjuicio económico estimado en alrededor de 4.000 millones de pesos para numerosos inversores. En ese contexto, los querellantes solicitaron una serie de medidas destinadas a profundizar la investigación y preservar elementos considerados de interés para el expediente.
Entre ellas, sobresale el pedido de prisión preventiva para Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada. La solicitud se fundamenta en la necesidad de evitar eventuales riesgos procesales, aunque la defensa de ambos imputados sostiene que no existen elementos que justifiquen una medida de esa magnitud.
Los abogados defensores argumentan que sus representados permanecieron en la provincia desde que comenzaron las denuncias y que no existen indicios concretos de intención de fuga. Además, sostienen que la continuidad de sus actividades permitiría avanzar en eventuales mecanismos de recuperación de fondos para los damnificados.
Más allá de la discusión sobre la libertad de los investigados, la apelación también alcanza otras medidas rechazadas en una etapa anterior del proceso. Entre ellas figuran pedidos para secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de realizar peritajes y reconstruir el recorrido que habrían tenido los fondos denunciados.
Asimismo, la querella pretende que se autoricen allanamientos y el secuestro de documentación en distintos inmuebles vinculados a la investigación, incluyendo oficinas comerciales y domicilios particulares relacionados con los acusados y personas de su entorno.
Otro de los puntos bajo análisis está vinculado a movimientos financieros que podrían involucrar a otras sociedades comerciales mencionadas en el expediente. Por ese motivo, los investigadores buscan acceder a documentación y registros que permitan determinar la existencia de posibles conexiones patrimoniales o transferencias de activos.
La resolución que adopte el juez de Impugnación será observada con atención por las partes involucradas, ya que podría modificar significativamente el rumbo de la investigación y definir nuevas herramientas para avanzar en el esclarecimiento de uno de los expedientes económicos más resonantes de los últimos meses en la provincia.