JUDICIAL

La causa del Acueducto Gran Tulum sufrió un duro revés y quedó a la espera de otro tribunal

La jueza Mónica Lucero anuló las actuaciones judiciales realizadas desde el 13 de octubre, incluida la audiencia de formalización que involucraba a Sergio Uñac y Cristian Andino. Ahora, el Tribunal de Impugnación deberá resolver si la magistrada continúa al frente de la investigación o debe ser apartada.

La investigación penal por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum entró en un nuevo escenario de incertidumbre judicial. La jueza de Garantías Mónica Lucero declaró la nulidad de las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre de 2026, una decisión que dejó sin efecto la audiencia de formalización del día siguiente y obligará a reorganizar parte del expediente.

La medida alcanza a la causa en la que están involucrados el exgobernador Sergio Uñac y el exintendente de San Martín, Cristian Andino, entre otras personas investigadas. Sin embargo, la resolución no representa el cierre de la investigación ni determina la inocencia o culpabilidad de los acusados.

El conflicto se originó en el tratamiento de una recusación presentada contra Lucero. Las defensas reclamaban su apartamiento al considerar que las denuncias formuladas en su contra podían afectar su imparcialidad. La magistrada rechazó inicialmente el planteo, pero omitió remitirlo al Tribunal de Impugnación para que revisara esa decisión, tal como establece el procedimiento penal provincial.

Ese incumplimiento fue cuestionado por los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair, representantes de los exdirectivos de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz. Los letrados sostuvieron que la jueza no podía resolver definitivamente sobre su continuidad sin habilitar la intervención del órgano judicial superior.

Al revisar el planteo, Lucero reconoció que había omitido ese paso obligatorio. Aunque mantuvo su postura respecto de que las denuncias en su contra no justificaban automáticamente su apartamiento, admitió que el procedimiento había quedado incompleto y que correspondía subsanar esa irregularidad.

Para corregir la situación, la magistrada aplicó el mecanismo de saneamiento contemplado en el artículo 220 del Código Procesal Penal y dispuso anular las actuaciones concretadas desde el 13 de octubre. Además, ordenó remitir al Tribunal de Impugnación la recusación, su resolución y los antecedentes necesarios para que el organismo se pronuncie.

A partir de esa intervención se definirán los próximos pasos del expediente. Si el Tribunal de Impugnación rechaza la recusación, Lucero podrá continuar al frente de la causa, aunque deberá retomarse el procedimiento correspondiente y eventualmente convocarse a una nueva audiencia de formalización.

Por el contrario, si los jueces aceptan el planteo de las defensas, la magistrada deberá apartarse y otro juez tendrá que asumir la intervención para dar continuidad a las actuaciones.

La resolución también delimita el alcance del retroceso judicial: la nulidad comprende los actos realizados desde el 13 de octubre, pero no invalida automáticamente todo lo actuado con anterioridad. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal conserva la posibilidad de continuar con la investigación penal.

De esta manera, el expediente del Acueducto Gran Tulum quedó sujeto a una definición clave sobre quién tendrá a su cargo la conducción judicial. Mientras tanto, la investigación permanece abierta, aunque deberá superar primero el conflicto procesal que provocó la anulación de las últimas actuaciones.

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