El exconcejal de Angaco José Risueño llevó a la Justicia una disputa que desde hace años mantiene con el intendente José Castro. El exedil presentó una querella penal por presuntas injurias y una demanda civil por daños y perjuicios en la que reclama una indemnización de 80 millones de pesos, al considerar que declaraciones realizadas por el jefe comunal dañaron gravemente su imagen pública.
La presentación judicial se basa en manifestaciones que, según Risueño, fueron realizadas por Castro en distintos medios de comunicación y en las que se lo habría vinculado con supuestas irregularidades administrativas y hechos de corrupción durante su desempeño en áreas de la administración municipal. El denunciante sostiene que esas expresiones afectaron su credibilidad, su reputación social y su trayectoria política.
En el escrito, el exconcejal argumenta que las acusaciones excedieron el marco de la confrontación política y constituyeron imputaciones que lesionaron derechos personalísimos vinculados al honor y la dignidad. Además, remarca que el impacto de los dichos se vio amplificado por la función institucional que ejerce el actual intendente y por la difusión alcanzada a través de medios radiales, televisivos y plataformas digitales.
La nueva causa tiene como trasfondo una prolongada disputa política entre ambos dirigentes. Aunque compartieron espacio político durante varios años, la relación se quebró definitivamente en 2019, cuando Risueño, junto a otros concejales, impulsó una denuncia penal contra Castro por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de recursos municipales en un predio privado ubicado en Chimbas.
Ese expediente aún permanece en trámite judicial y se encuentra pendiente de definiciones para avanzar hacia la etapa de juicio, mientras otras actuaciones vinculadas al caso continúan desarrollándose en el sistema acusatorio.
En relación con las declaraciones cuestionadas, Castro ha sostenido públicamente en distintas oportunidades que las investigaciones promovidas en su contra obedecen a motivaciones políticas. Sin embargo, Risueño considera que al referirse a su desempeño dentro de la estructura municipal el intendente formuló afirmaciones que afectaron su honorabilidad y prestigio personal.
La acción civil fue incorporada dentro del mismo expediente penal con el objetivo de que, en caso de una eventual condena, el magistrado pueda resolver conjuntamente la reparación económica reclamada. Según el planteo del exconcejal, el monto solicitado guarda relación con la gravedad de las acusaciones, el alcance de su difusión y las consecuencias personales, sociales y reputacionales que asegura haber sufrido.
Antes de iniciar la demanda, Risueño intimó al jefe comunal mediante una carta documento para que se retractara de sus declaraciones. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la respuesta llegó posteriormente y en ella Castro rechazó los cuestionamientos formulados en su contra, además de negar haber cometido conducta alguna que justificara una rectificación pública.
Con esta nueva presentación judicial, el enfrentamiento entre ambos dirigentes suma un nuevo capítulo y traslada al ámbito de los tribunales una disputa política que se mantiene abierta desde hace varios años en el departamento Angaco.
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