El Ministerio de Seguridad reconstruye la trazabilidad del arma tras un oficio enviado por la Justicia salteña. En paralelo, avanza otra investigación por una denuncia de presuntos apremios ilegales contra efectivos de la Comisaría 31.
El Ministerio de Seguridad de San Juan abrió una investigación para establecer cómo una pistola reglamentaria perteneciente a la Policía provincial apareció vinculada a un hecho delictivo ocurrido en Salta. La pesquisa comenzó luego de que la Justicia de esa provincia remitiera un oficio solicitando información sobre el arma secuestrada.
El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, explicó que el objetivo es reconstruir el recorrido del arma para determinar en qué momento salió de la órbita de la fuerza y cómo llegó a otra jurisdicción. En ese marco, el organismo puso en marcha un relevamiento del armamento asignado a la Policía de San Juan.
El funcionario aclaró que la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar y rechazó las versiones que indicaban la desaparición de unas 150 armas reglamentarias. Según sostuvo, el relevamiento realizado hasta el momento no permite respaldar esa cifra y será el avance de la auditoría el que determine si existen faltantes.
Uno de los obstáculos que enfrenta la pesquisa es la falta de registros digitalizados. De acuerdo con Villavicencio, durante años el control del armamento se realizó mediante documentación en formato papel, por lo que actualmente se trabaja en la digitalización de esos datos para facilitar el seguimiento de cada arma y mejorar los mecanismos de control.
En forma paralela, la Subsecretaría de Control de Gestión también interviene en otra investigación interna a partir de una denuncia por presuntos apremios ilegales que involucra a efectivos de la Comisaría 31. En ese expediente se analizan informes médicos, registros de cámaras de seguridad y testimonios para establecer si existió una actuación irregular.
Desde el Ministerio indicaron que, si la evidencia reunida así lo amerita, no se descarta la adopción de medidas preventivas, entre ellas la suspensión de los policías involucrados mientras avanza la investigación administrativa y judicial.