El proyecto enviado a la Legislatura busca reducir la burocracia y acelerar los trámites para comercios, industrias y prestadores de servicios mediante un sistema digital unificado.
El Gobierno de San Juan remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley orientado a modernizar y agilizar los procesos de habilitación comercial en la provincia. La iniciativa propone la creación de un sistema unificado de gestión que permitirá simplificar trámites, reducir costos administrativos y facilitar la apertura y regularización de actividades económicas.
La propuesta fue elaborada con la participación de distintos organismos provinciales y apunta a centralizar los procedimientos a través de una plataforma digital. De esta manera, comerciantes, emprendedores y empresarios podrán gestionar gran parte de los requisitos necesarios para obtener habilitaciones sin necesidad de realizar trámites presenciales en múltiples dependencias.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la implementación de un régimen simplificado destinado a establecimientos de hasta 300 metros cuadrados que desarrollen actividades consideradas de bajo riesgo. En estos casos, una declaración jurada técnica emitida por un profesional habilitado permitirá reemplazar una serie de certificaciones que actualmente son exigidas para la obtención de la habilitación.
Según explicaron desde la Secretaría de Industria y Comercio, esta modalidad permitirá prescindir de diversos documentos administrativos vinculados a cuestiones edilicias, de seguridad y sanitarias, simplificando significativamente los tiempos de gestión para los pequeños y medianos emprendimientos.
Para los establecimientos de mayor superficie o aquellas actividades que requieran controles específicos, el proyecto contempla un régimen general agilizado. En ese marco, los organismos provinciales involucrados deberán emitir observaciones, requerimientos o resoluciones dentro de un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de evitar demoras prolongadas en los procesos administrativos.
La iniciativa también incorpora una moratoria especial de dos años para que comerciantes y empresarios puedan regularizar ampliaciones, modificaciones edilicias u obras que no hayan sido declaradas oportunamente, facilitando su incorporación al nuevo sistema.
Desde el Ejecutivo destacaron que la facultad para otorgar habilitaciones continuará siendo competencia exclusiva de los municipios. Sin embargo, el proyecto promueve la adhesión de los gobiernos departamentales al esquema propuesto para lograr procedimientos más ágiles y uniformes en todo el territorio provincial.
La propuesta se enmarca en una estrategia de modernización administrativa orientada a mejorar el clima de inversión, facilitar la formalización de actividades económicas y reducir obstáculos burocráticos para el desarrollo productivo. Ahora será la Legislatura provincial la encargada de analizar la iniciativa y definir su eventual aprobación.