Presentaron un recurso jerárquico contra una medida de la Subsecretaría de Trabajo que exige garantizar el 75% del servicio durante protestas. Advierten que vulnera derechos constitucionales.
Los representantes legales de los tres gremios docentes de San Juan presentaron un recurso jerárquico contra una resolución de la Subsecretaría de Trabajo que restringe el alcance del derecho a huelga, al exigir la prestación de al menos el 75% del servicio durante medidas de fuerza. La iniciativa reavivó el debate sobre los límites a la protesta sindical en la provincia.
El planteo fue formalizado en el marco de un expediente administrativo y apunta directamente contra la decisión oficial de aplicar criterios de la denominada modernización laboral, lo que en la práctica impide la realización de paros totales en el sector educativo. Según sostienen los letrados en el escrito, la medida constituye una “restricción indebida del derecho a huelga”, protegido por la Constitución Nacional.
En ese sentido, los abogados argumentan que la resolución implica una afectación directa de garantías constitucionales, al reducir de manera significativa la capacidad de los gremios para llevar adelante medidas de fuerza. Además, advierten que podría sentar un precedente que impacte en otros sectores laborales.
Entre los principales cuestionamientos, señalan que la decisión de la Subsecretaría sería arbitraria y carecería de fundamentos suficientes, ya que —afirman— no se habrían evaluado correctamente los elementos del caso ni justificado adecuadamente la necesidad de imponer la restricción.
Asimismo, remarcan la existencia de presuntos vicios en el procedimiento administrativo, lo que, a su criterio, compromete la legalidad del acto. En esa línea, sostienen que no se habrían respetado plenamente las garantías del debido proceso.
Otro de los ejes del recurso apunta a la falta de proporcionalidad de la medida adoptada. Para los gremios, la exigencia de garantizar el 75% del servicio resulta excesiva en relación con los objetivos perseguidos por la autoridad laboral, lo que la vuelve cuestionable desde el punto de vista jurídico.
El escrito también pone el foco en la protección de la actividad sindical, al advertir que la resolución afecta el normal funcionamiento de las organizaciones y limita su capacidad de representación en el marco de los conflictos laborales.
En función de estos argumentos, los letrados solicitaron la intervención de una instancia superior dentro de la estructura administrativa para que revise lo actuado y disponga la revocación o modificación de la medida. Entre los planteos, además, se incluye el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 101 de la Ley 27.802, que establece la esencialidad de la educación.
Ahora, será una autoridad jerárquicamente superior la encargada de analizar el recurso y definir si confirma o deja sin efecto la resolución cuestionada.
El conflicto se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, atravesado por reclamos salariales y condiciones laborales. La resolución de este planteo podría tener impacto directo en futuras negociaciones y en la dinámica de las medidas de fuerza en el sector educativo.