Luego de la presentación de más de una decena de denuncias judiciales y del fuerte impacto generado por una presunta maniobra que involucraría cerca de $2.800 millones, la firma Global Market Valores S.A. emitió un comunicado dirigido a algunos inversores denunciantes en el que reconoció dificultades financieras y explicó su versión de los hechos.
El pronunciamiento llegó después de que al menos 12 personas acudieran a la Justicia afirmando que no podían recuperar los fondos invertidos y denunciando falta de respuestas por parte de la empresa. Tras la difusión pública del caso, representantes de la firma se contactaron con los presuntos damnificados.
En el escrito, Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. admitieron mantener obligaciones pendientes con inversores, aunque rechazaron estar ante una situación de insolvencia definitiva. Según señalaron, la empresa enfrenta actualmente un problema de liquidez que afectó su operatoria financiera.
Además, informaron que GMI Inversiones avanza en un acuerdo de reestructuración con una sociedad radicada en Barcelona, España. De acuerdo con lo comunicado, el convenio incluiría mecanismos de reorganización financiera, control operativo, depósito accionario y una posible opción de compra destinada a garantizar la continuidad de las actividades y preservar los activos de la compañía.
La firma también vinculó parte de la crisis a la paralización de una cantera de cuarzo y feldespato ubicada en Valle Fértil. Según explicaron, la explotación permaneció detenida durante 16 meses tras un derrumbe ocurrido el 28 de diciembre de 2024, lo que habría impedido retomar la actividad hasta obtener la aprobación ambiental correspondiente.
Siempre según la versión empresarial, esa interrupción provocó pérdidas superiores a 1,5 millones de dólares, además de afectar la generación de ingresos y agravar la situación económica de las compañías.
En otro tramo del comunicado, la empresa buscó desligar de responsabilidades a los contadores Pamela Gutiérrez y Guillermo Soria. Indicaron que ambos cumplían funciones administrativas y que actuaban bajo directivas de la gerencia, sin intervención en las decisiones operativas ni financieras.
Asimismo, revelaron que realizaron una presentación espontánea ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde se pusieron a disposición de la fiscalía y solicitaron una audiencia para aportar documentación relacionada con el caso.
El comunicado concluye con una defensa de la trayectoria empresarial de ambas firmas, destacando sus 18 años de actividad en San Juan y manifestando la intención de continuar operando una vez superada la crisis financiera.
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