Referentes del rubro advierten que más de 30 locales podrían cerrar antes de fin de año si no cambia el escenario económico. Reclaman medidas de apoyo para afrontar la caída de ventas, los altos costos y la presión impositiva.
El sector gastronómico de San Juan encendió una señal de alerta por el deterioro de la actividad y comenzó a gestionar un pedido de asistencia ante el Gobierno provincial. Referentes del rubro plantearon la necesidad de avanzar con una Ley de Emergencia para la actividad, ante la combinación de menor consumo, aumento de costos y dificultades para sostener los establecimientos abiertos.
La preocupación quedó expuesta durante una reunión realizada esta semana, de la que participaron alrededor de 40 empresarios y representantes gastronómicos, dentro de un espacio que reúne a unos 170 integrantes del sector. Según explicaron, la intención es generar canales de diálogo con las autoridades para buscar alternativas que permitan sostener los comercios y evitar nuevos cierres.
Uno de los principales indicadores que encendió la alarma fue la aparición de una mayor cantidad de locales con carteles de alquiler. Si bien todavía no existe un relevamiento formal sobre la cantidad de negocios que bajaron sus persianas, los referentes estimaron que más de 30 establecimientos podrían dejar de funcionar antes de finalizar el año si la situación económica no mejora.
El referente gastronómico Alberto Platero señaló que la caída del consumo es uno de los factores centrales detrás de la crisis. Explicó que los comercios deben continuar afrontando salarios, alquileres, impuestos y otros gastos fijos, mientras que la cantidad de clientes y el nivel de consumo por mesa disminuyeron.
Además, mencionó que en los últimos años hubo un crecimiento en la cantidad de bares y restaurantes, pero que muchos emprendimientos no alcanzaron a consolidarse antes del actual período de retracción económica.
Otro de los puntos planteados por el sector fue la competencia de emprendimientos informales que comercializan alimentos sin las mismas obligaciones que los locales habilitados. Según indicaron, esta situación genera una desigualdad frente a quienes deben cumplir con controles, normas sanitarias y costos de funcionamiento.
Platero describió que los cambios en los hábitos de consumo reflejan la pérdida del poder adquisitivo de las familias, que comenzaron a priorizar gastos esenciales y reducir actividades consideradas recreativas. También señaló que, en algunos casos, la presencia de clientes en bares y restaurantes no implica necesariamente un mayor nivel de ventas, ya que muchas personas optan por compartir consumos para reducir gastos.
Frente a este escenario, los empresarios gastronómicos comenzaron a impulsar la creación de una Ley de Emergencia para el sector. Rubén Miadosqui, uno de los participantes del encuentro, sostuvo que la actividad atraviesa un momento complejo y consideró necesario analizar herramientas que permitan aliviar la carga económica de los establecimientos.
Los referentes compararon la situación actual con la asistencia recibida durante la pandemia, aunque aclararon que el pedido apunta a generar mecanismos adaptados al contexto económico actual, con el objetivo de preservar fuentes de trabajo y evitar el cierre de más comercios gastronómicos en la provincia.