La propuesta de fusionar departamentos sanjuaninos para reducir estructuras administrativas y disminuir gastos del Estado generó un fuerte rechazo entre intendentes de distintos puntos de la provincia. La iniciativa, impulsada por el dirigente de ADN y La Libertad Avanza, Martín Turcumán, planteó la posibilidad de unificar algunos municipios y pasar de los actuales 19 departamentos a 16 comunas.
La idea fue presentada en una entrevista televisiva, donde el dirigente sugirió la integración de distritos como Zonda y Ullum, Angaco y San Martín, y Caucete con 25 de Mayo, bajo el argumento de optimizar recursos y reducir costos políticos y administrativos.
Las declaraciones no tardaron en generar respuestas por parte de los jefes comunales de los departamentos mencionados, quienes rechazaron la propuesta y defendieron la identidad, autonomía y particularidades de cada territorio.
Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde Angaco. El intendente José Castro consideró que la iniciativa parte de una visión alejada de la realidad de los departamentos y sostuvo que analizar la organización territorial únicamente desde una perspectiva económica implica desconocer las características sociales, culturales y productivas de cada comunidad.
En la misma línea se expresó la intendenta de San Martín, Analía Becerra, quien defendió la autonomía de su municipio y destacó que cada departamento posee dinámicas propias que justifican su funcionamiento independiente. Además, remarcó que la extensión territorial y las necesidades específicas de la población requieren una administración cercana a los vecinos.
El debate abrió una nueva discusión sobre la organización política y administrativa de San Juan, en un contexto donde distintos sectores impulsan reformas orientadas a reducir gastos del Estado. Sin embargo, desde los municipios afectados sostienen que cualquier análisis sobre eventuales cambios debe contemplar no solo criterios económicos, sino también factores históricos, geográficos y sociales.
Por ahora, la propuesta no forma parte de ninguna iniciativa legislativa formal, aunque sus repercusiones evidenciaron el rechazo de las autoridades departamentales involucradas y dejaron en evidencia las diferencias de criterio sobre cómo encarar una eventual reforma del mapa político provincial.
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