El vicegobernador aseguró que la iniciativa fue trabajada durante más de un año junto a organismos y cámaras del sector. Además, remarcó que la norma prioriza la contratación de trabajadores y proveedores sanjuaninos e incorpora mecanismos de control e incentivos.
Tras la aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, valoró el amplio respaldo obtenido por la iniciativa en el recinto y afirmó que el proyecto es el resultado de un prolongado proceso de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los distintos actores vinculados a la actividad minera.
El titular del Poder Legislativo sostuvo que el debate parlamentario permitió enriquecer el contenido de la norma y destacó que el texto llegó a su tratamiento luego de más de un año de elaboración, con la participación de los ministerios de Producción y de Minería, además de cámaras empresariales y representantes del sector.
Martín explicó que el tratamiento legislativo avanzó con rapidez debido al momento que atraviesa la actividad minera en la provincia y señaló que diversas entidades solicitaron acelerar la sanción de la ley para brindar previsibilidad en un contexto de nuevas inversiones y contrataciones.
El vicegobernador destacó que la normativa establece que el 80% de la mano de obra contratada por los proyectos mineros deberá corresponder a trabajadores sanjuaninos. A su vez, indicó que el 30% de ese personal deberá pertenecer al departamento donde se desarrolle el emprendimiento. En cuanto a los proveedores, precisó que el 60% deberán tener origen provincial y que, de ese total, al menos el 20% corresponderá a empresas radicadas en el departamento involucrado.
Respecto al debate legislativo, Martín señaló que durante la sesión se incorporaron modificaciones surgidas de los planteos realizados por distintos bloques políticos. Si bien aclaró que no todas las propuestas pudieron ser incluidas en la versión definitiva, aseguró que el proyecto fue enriquecido con los aportes realizados durante su discusión.
Finalmente, explicó que la ley contempla mecanismos de seguimiento a través de un Consejo Consultivo que realizará evaluaciones periódicas sobre su cumplimiento. Además, prevé la aplicación de sanciones para quienes incumplan las disposiciones y beneficios fiscales para las empresas que respeten los porcentajes de contratación y compra establecidos. En ese sentido, remarcó que la norma tendrá carácter obligatorio para todos los actores alcanzados por la legislación.