La Justicia homologó un acuerdo que establece cinco años de prisión efectiva para los tres imputados por las estafas. La causa reúne 365 denuncias y un perjuicio estimado en $522 millones, pero hasta ahora solo fueron detectados dos vehículos a nombre de los condenados.
La causa por las estafas vinculadas a Branka Motor alcanzó una definición en el ámbito penal con la homologación de un acuerdo que establece cinco años de prisión efectiva para los tres imputados. Sin embargo, para las personas damnificadas el cierre de esta etapa no significa el final del conflicto: la posibilidad de recuperar el dinero aparece como el principal interrogante.
El expediente acumula 365 denuncias y, de acuerdo con la estimación incorporada a la causa, el perjuicio económico alcanza aproximadamente los $522 millones. Los fundamentos de la resolución judicial serán conocidos el próximo martes, instancia que permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados para homologar el acuerdo.
Mientras avanza el cumplimiento de las condenas, algunos damnificados comenzaron a analizar la posibilidad de recurrir a la Justicia Civil para intentar recuperar parte de los fondos entregados. Sin embargo, allí aparece una dificultad determinante: la escasa cantidad de bienes que pudieron ser localizados a nombre de los condenados.
La abogada María Filomena Noriega explicó que durante la investigación se realizaron averiguaciones sobre cuentas bancarias y financieras, además de otras medidas destinadas a determinar qué patrimonio podría ser utilizado para responder ante los damnificados. Según señaló, hasta el momento solo fueron encontrados dos vehículos registrados a nombre de los acusados.
Esa situación reduce considerablemente las posibilidades de ejecutar bienes para recuperar las sumas reclamadas. De acuerdo con la letrada, el escenario generó que algunos damnificados directamente evalúen no continuar con nuevas acciones judiciales debido al costo y al desgaste que implica afrontar otro proceso sin garantías de recuperar el dinero.
En el expediente también había existido una alternativa para intentar reparar económicamente a las víctimas mediante un acuerdo de devolución en cuotas. Sin embargo, esa posibilidad no prosperó porque, según explicó Noriega, no llegó a pagarse siquiera la primera cuota.
El impacto de la causa alcanza especialmente a personas que habían destinado sus ahorros o asumido compromisos económicos con la expectativa de acceder a un vehículo. La abogada remarcó que entre los damnificados hay numerosos trabajadores y jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a sectores de ingresos medios y medios-bajos.
Con la resolución penal encaminada, el escenario se divide ahora entre quienes buscarán continuar con reclamos patrimoniales por la vía civil y aquellos que consideran que las posibilidades de recuperar lo perdido son demasiado reducidas.
Así, aunque la causa Branka Motor logró una definición respecto de la responsabilidad penal de los tres acusados, la reparación económica de las 365 víctimas permanece como una deuda pendiente, condicionada por un patrimonio que, hasta el momento, aparece muy por debajo del volumen del perjuicio denunciado.