Las empresas de colectivos rechazaron la explicación oficial sobre las demoras en los pagos y afirmaron que el sistema arrastra una deuda cercana a los $9.750 millones. Además, sostuvieron que los fondos reclamados están destinados a sostener el boleto y no a beneficiar a las prestatarias.
La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) respondió al Gobierno de San Juan luego de que la Secretaría de Tránsito y Transporte atribuyera la demora en los pagos a observaciones detectadas en la documentación presentada por las empresas. Desde la entidad empresaria aseguraron que esa explicación no refleja la realidad del conflicto y remarcaron que el problema responde a un desfinanciamiento que se arrastra desde hace meses.
En un comunicado, las prestatarias reconocieron que pudieron existir observaciones formales en algunas liquidaciones presentadas el 14 de julio, aunque señalaron que ese tipo de requerimientos son habituales en los procesos administrativos y que fueron corregidos en tiempo y forma. Por ese motivo, rechazaron que esas cuestiones sean la causa de la crítica situación económica que atraviesa el sistema de transporte público.
ATAP sostuvo que la deuda acumulada con las empresas asciende a $9.750.150.676,43, cifra que incluye compensaciones por el Boleto Escolar Único, trasbordos y mayores costos operativos que, según afirmaron, no fueron reconocidos durante el último tramo de 2025 y los primeros meses de 2026.
El documento también cuestiona el manejo de los fondos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales. Si bien el Ejecutivo provincial informó que la Nación realizó una transferencia el pasado 28 de julio, las empresas aseguraron que, hasta el momento de emitir el comunicado, esos recursos todavía no habían sido acreditados en sus cuentas.
Además, precisaron que el reclamo comprende obligaciones pendientes correspondientes a 2025, compensaciones por los incrementos de costos registrados en enero y febrero de este año y pagos por servicios especiales prestados en departamentos alejados durante abril, mayo y junio.
Las prestatarias remarcaron que los montos reclamados no constituyen subsidios para las empresas, sino compensaciones que forman parte del esquema de financiamiento del transporte público y que permiten mantener un valor del boleto inferior al costo real del servicio.
Pese a ratificar la reducción de frecuencias por la falta de recursos, ATAP manifestó su intención de continuar el diálogo con la Secretaría de Tránsito y Transporte para alcanzar una solución que garantice la continuidad del servicio.
El conflicto se profundizó esta semana luego de que trascendiera que al menos dos empresas fueron sancionadas por reducir alrededor de un 30% la cantidad de unidades en circulación. La propia asociación reconoció que todas las firmas asociadas disminuyeron la prestación debido a las dificultades económicas para afrontar los costos de operación, en medio de una disputa que sigue sin encontrar una resolución definitiva.