El gremio cuestionó la decisión del Gobierno provincial y advirtió sobre posibles consecuencias para miles de afiliados. Su conducción espera una resolución judicial que revierta la medida.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno provincial de dejar sin efecto los códigos de descuento sindicales vinculados a la entidad y anticipó que el conflicto ya comenzó a dirimirse en el ámbito judicial. Desde la conducción del gremio sostienen que la medida podría generar un fuerte impacto entre los trabajadores afiliados y afectar servicios esenciales.
El secretario general del SEP, José Díaz, calificó la disposición oficial como una acción perjudicial para la organización sindical y cuestionó el procedimiento mediante el cual se comunicó la decisión. Según explicó, tomaron conocimiento de la resolución luego de intentar gestionar un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego durante una actividad pública desarrollada en Chimbas.
Además, el dirigente señaló presuntas irregularidades en el proceso de notificación. Indicó que la comunicación habría sido enviada a una dirección que, según afirmó, no corresponde a la sede de la entidad sindical, situación que —aseguró— complicó el acceso oportuno a la información oficial.
En paralelo, Díaz rechazó los cuestionamientos relacionados con la situación legal y administrativa del gremio. Sostuvo que la organización desarrolla actividad sindical desde hace años y aseguró que las autoridades provinciales conocen su funcionamiento institucional.
Desde el SEP advirtieron que la suspensión de los descuentos automáticos podría tener repercusiones directas sobre aproximadamente 6.000 afiliados y sus familias. Entre las principales preocupaciones mencionaron la continuidad de distintas prestaciones, particularmente las vinculadas a la cobertura de salud.
Si bien la conducción sindical afirmó contar con recursos para sostener el funcionamiento de la institución de manera temporal, reconoció que una prolongación del conflicto podría profundizar las dificultades financieras y afectar la prestación de servicios.
Ante este escenario, el gremio confirmó que realizó presentaciones ante la Justicia y espera una medida cautelar que permita restablecer los códigos de descuento mientras avanza el proceso judicial.