Empresarios de Iglesia consideran que la iniciativa puede mejorar la inserción de trabajadores y firmas sanjuaninas en los grandes proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.
El debate legislativo del proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros comenzó a generar expectativas entre los actores vinculados a la actividad extractiva en San Juan. Desde el departamento Iglesia, referentes empresariales destacaron la propuesta como una herramienta destinada a fortalecer la participación de las comunidades locales en los beneficios económicos que genera la minería.
Uno de los pronunciamientos más firmes llegó desde la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia, cuyo presidente, Gabriel Paredes, sostuvo que la futura normativa podría convertirse en un respaldo fundamental para impulsar el crecimiento de proveedores sanjuaninos y promover una mayor contratación de mano de obra local.
El dirigente explicó que el sector viene trabajando desde hace tiempo junto a organismos provinciales en la elaboración de propuestas orientadas a fortalecer el entramado empresarial vinculado a la minería. En ese marco, destacó la importancia de contar con una legislación que otorgue previsibilidad y establezca mecanismos concretos para favorecer la participación de empresas radicadas en la provincia.
Entre los aspectos más valorados del proyecto aparece la promoción de esquemas asociativos entre compañías mineras y prestadores locales. Según explicó Paredes, esta modalidad permitiría que las firmas sanjuaninas accedan a nuevas experiencias, tecnologías y procesos de capacitación, mejorando su competitividad y ampliando sus posibilidades de inserción en el mercado.
Desde Iglesia consideran que esta herramienta cobra especial relevancia en un contexto marcado por el avance de grandes iniciativas mineras en la cordillera. Si bien reconocen que la actividad ya genera movimiento económico, sostienen que todavía existe margen para incrementar la participación directa de las comunidades cercanas a los emprendimientos.
La expectativa del sector es que la futura ley contribuya a agilizar contrataciones, fortalecer cadenas de valor regionales y generar más oportunidades para trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas que buscan integrarse al desarrollo minero.
Mientras el proyecto continúa su análisis en la Cámara de Diputados, empresarios y proveedores siguen de cerca la discusión parlamentaria. Para muchos de ellos, la aprobación de la norma podría marcar un paso importante en la consolidación de una política que vincule de manera más estrecha la expansión minera con el crecimiento económico de los departamentos donde se desarrolla la actividad.