La demanda cayó en el inicio del año y se multiplican los atrasos en los pagos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Referentes del sector advierten cambios en los hábitos de los inquilinos y mayor presión sobre los ingresos familiares.
El mercado inmobiliario de San Juan atraviesa un comienzo de año marcado por una desaceleración en la actividad, con una baja en la demanda de alquileres y un incremento en los incumplimientos de pago. El escenario refleja un cambio respecto a 2025 y se explica, en gran medida, por la creciente restricción en los ingresos de los hogares.
Desde el sector, operadores inmobiliarios señalan que durante el primer trimestre se registró una caída cercana al 5% en la intención de alquilar. A su vez, advierten que los inquilinos muestran mayores dificultades para cumplir con los plazos, con pagos que tienden a completarse hacia fin de mes, a diferencia de períodos anteriores.
El precio se consolidó como el principal factor de decisión al momento de alquilar. La elección de la vivienda dejó de estar asociada prioritariamente a la ubicación o a las características del inmueble y pasó a depender casi exclusivamente de la capacidad económica. Esta situación derivó en cambios concretos en las condiciones habitacionales, con familias que optan por reducir metros cuadrados o incluso regresar a convivir con familiares para aliviar gastos.
El segmento joven, históricamente dinámico en el mercado de alquileres, evidencia un marcado retroceso. La menor participación de este grupo refleja una transformación en la demanda, en línea con las dificultades económicas que afectan a quienes recién se insertan en el mercado laboral.
En paralelo, la morosidad genera creciente preocupación. Aunque no existen estadísticas oficiales consolidadas, distintas inmobiliarias coinciden en que los atrasos son cada vez más frecuentes, impulsados por el aumento de los gastos fijos y la caída del poder adquisitivo. Esta situación obliga a muchas familias a priorizar otras obligaciones por sobre el pago del alquiler.
Desde la Asociación de Inquilinos de San Juan también alertan sobre un incremento en el endeudamiento y en la rescisión anticipada de contratos. La pérdida de empleo y la imposibilidad de sostener los costos aparecen como factores determinantes en esta tendencia, en un contexto que ya presenta signos de tensión.
En cuanto a los valores, el mercado exhibe precios elevados en relación con la capacidad de pago. Los monoambientes se ubican entre $350.000 y $400.000 mensuales, mientras que los departamentos de dos ambientes oscilan entre $400.000 y $500.000, y las casas superan los $600.000, con una oferta acotada. A estos montos se suman los servicios, que representan un costo adicional significativo.
Este escenario configura una paradoja: mientras algunos propietarios mantienen expectativas de precios vinculadas al impulso económico de sectores como la minería, la demanda efectiva no logra acompañar esos valores. Como resultado, tanto viviendas amplias como unidades más pequeñas pueden permanecer vacías durante períodos prolongados.
En el plano legal, los contratos continúan regidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que establece que ante incumplimientos no se habilitan desalojos inmediatos. El procedimiento contempla instancias previas de intimación y plazos para regularizar la deuda antes de avanzar judicialmente, en un contexto donde las tensiones entre propietarios e inquilinos tienden a intensificarse.