La directora del Instituto Provincial de la Vivienda, Elina Peralta, confirmó que el organismo trabaja para concretar un nuevo sorteo durante agosto. La convocatoria incluiría departamentos del complejo La Ramada, viviendas que quedaron sin adjudicar y unidades recuperadas por incumplimientos, mientras el IPV intensifica los controles sobre la morosidad y el uso de las casas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanza en la organización de un nuevo sorteo de viviendas que, de no surgir inconvenientes administrativos, podría realizarse durante agosto. Desde el organismo indicaron que se trabaja en la coordinación de los aspectos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha una nueva convocatoria bajo el sistema de sorteo, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para los aspirantes.
Según explicó la directora del IPV, Elina Peralta, actualmente se lleva adelante un proceso de compatibilización de información junto con la Caja de Acción Social, paso previo indispensable para definir la fecha del lanzamiento.
Las viviendas que integrarán el futuro sorteo provendrán de diferentes programas. Uno de los principales aportes será el complejo La Ramada, conformado por departamentos originalmente pertenecientes al programa Procrear que pasarán a la órbita provincial una vez formalizado el convenio correspondiente con Nación. El emprendimiento presenta un avance cercano al 55% y la intención oficial es habilitar una primera etapa de 30 departamentos antes de fin de año para incorporarlos al proceso de adjudicación.
Desde el IPV aclararon que estas unidades tendrán requisitos distintos a los de una vivienda social tradicional debido a su ubicación en Capital y a las características del desarrollo, por lo que exigirán ingresos acordes para afrontar cuotas de mayor valor.
El sorteo también contemplará viviendas remanentes de barrios ya adjudicados cuyos beneficiarios originales no completaron la documentación exigida para acceder a la propiedad. A ello se sumarán inmuebles recuperados mediante procesos de revocación iniciados tras detectar incumplimientos en las condiciones de adjudicación.
En ese sentido, la funcionaria informó que el organismo mantiene entre 300 y 400 denuncias en investigación por viviendas deshabitadas o utilizadas con fines distintos a los establecidos por la normativa. En los casos donde se comprueben las irregularidades, las unidades podrán ser reincorporadas al sistema para ser asignadas a nuevas familias.
Peralta también puso el foco en la necesidad de fortalecer el recupero de cuotas, al señalar que el sistema habitacional provincial dejó de depender de financiamiento nacional tras la eliminación de la Secretaría de Vivienda de la Nación y se sostiene con recursos provinciales y el aporte de los adjudicatarios.
Actualmente, el IPV registra un nivel de morosidad cercano al 50%, situación que el organismo busca revertir mediante intimaciones y acciones judiciales contra quienes, teniendo capacidad de pago, incumplen con sus obligaciones. Además, recordaron que tanto la falta de ocupación de la vivienda como el incumplimiento en el pago de las cuotas constituyen causales de revocación de la adjudicación, una herramienta que el organismo considera clave para recuperar inmuebles y ponerlos nuevamente a disposición de familias que esperan acceder a una vivienda.