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El IPV dio de baja ocho viviendas sociales y revocó sus adjudicaciones en San Juan

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a inmuebles de ocho barrios de distintos departamentos. El organismo dejó sin efecto las adjudicaciones, autorizaciones de ocupación y otros beneficios habitacionales por presuntos incumplimientos de la Ley Provincial 196-A.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan resolvió revocar ocho adjudicaciones de viviendas sociales y anular los beneficios habitacionales asociados a esos inmuebles. La decisión fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y comprende propiedades ubicadas en distintos barrios de la provincia.

La disposición implica dejar sin efecto las adjudicaciones en venta, las asistencias financieras, las autorizaciones para habitar, los comodatos y las actas de tenencia precaria, según la situación administrativa de cada propiedad.

El organismo fundamentó las medidas en presuntos incumplimientos de las condiciones establecidas por la Ley Provincial 196-A, de acuerdo con los antecedentes incorporados a cada expediente. Sin embargo, la publicación oficial no identifica cuál fue la irregularidad específica detectada en cada uno de los casos.

Los inmuebles alcanzados corresponden a los conjuntos habitacionales Albardón – Conjunto 1, Ceramista II, barrio SUTIAGYF, Caucete – Área III, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.

Las decisiones quedaron registradas mediante ocho resoluciones administrativas: 004410-IPV-2026, 004103-IPV-2026, 004545-IPV-2026, 004683-IPV-2026, 004684-IPV-2026, 3812-IPV-2026, 3986-IPV-2026 y 4634-IPV-2026.

La Ley 196-A establece las condiciones que deben cumplir los beneficiarios de viviendas sociales y contempla distintas situaciones que pueden derivar en la pérdida de una adjudicación. Entre las causales previstas figuran la presentación de información falsa en las declaraciones, la transferencia de los inmuebles sin autorización y la falta de pago de tres o más cuotas consecutivas.

Aunque el IPV no detalló qué incumplimiento motivó cada revocación, sostuvo que las decisiones responden a las circunstancias verificadas en las actuaciones administrativas correspondientes.

Con estas resoluciones, el organismo provincial dejó sin efecto los derechos de adjudicación y las autorizaciones habitacionales vinculadas a ocho viviendas, en una nueva aplicación de los mecanismos de control previstos por la legislación que regula el acceso y la permanencia en los programas de vivienda social.

 

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