Actualmente hay unas 40 casas en proceso de revocación de adjudicación. Las autoridades analizan cada denuncia de manera individual y aseguran que las viviendas recuperadas volverán a adjudicarse mediante sorteo público.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa con los procedimientos destinados a recuperar inmuebles adjudicados que no cumplen con la obligación de ser habitados por sus beneficiarios. Como resultado de este trabajo, decenas de viviendas se encuentran actualmente en distintas etapas de revocación y podrían incorporarse al próximo sorteo previsto para el segundo semestre del año.
Según informaron desde el organismo, unas 40 viviendas ingresaron a la primera instancia del proceso administrativo tras detectarse presuntas irregularidades vinculadas a su ocupación. Los expedientes surgieron de un universo cercano a las 300 denuncias recibidas, las cuales son analizadas de manera individual para determinar si corresponde avanzar con la recuperación de las unidades habitacionales.
Desde el IPV indicaron que la cantidad de casas que finalmente podrían formar parte del próximo sorteo dependerá de la resolución de los procedimientos legales en curso, que incluyen la intervención de distintos organismos hasta llegar a la instancia final de control por parte de la Fiscalía de Estado.
Las viviendas bajo análisis se encuentran distribuidas en diversos complejos habitacionales ya entregados y, en caso de concretarse la revocación, serán reacondicionadas antes de ser nuevamente adjudicadas. Para ello, se realizan inspecciones técnicas y reparaciones estructurales que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad.
Las autoridades remarcaron que la totalidad de las unidades recuperadas se incorporan a los sorteos públicos, descartando cualquier mecanismo de asignación directa. Asimismo, aclararon que las personas que realizan denuncias no obtienen ningún tipo de prioridad en futuras adjudicaciones.
El organismo destacó que existe un equipo específico dedicado a la detección, seguimiento y recuperación de viviendas que incumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente. En ese marco, también se retomaron expedientes iniciados en años anteriores que no habían tenido continuidad administrativa, con el objetivo de verificar si las irregularidades denunciadas persisten en la actualidad.
Desde el IPV señalaron que los procesos suelen ser extensos debido a la necesidad de reunir pruebas, realizar inspecciones y garantizar el derecho de defensa de los adjudicatarios. Por ello, cada caso es evaluado de manera particular antes de solicitar la revocación de la adjudicación.
Durante las investigaciones, los equipos técnicos detectaron distintas estrategias utilizadas para aparentar ocupación de las viviendas. Entre ellas figuran tareas de mantenimiento esporádicas, la presencia de mobiliario o la realización de modificaciones edilicias destinadas a simular actividad permanente en los inmuebles.
Sin embargo, las inspecciones suelen complementarse con otros elementos de prueba, como entrevistas a vecinos y el análisis del consumo de servicios básicos. La ausencia prolongada de consumo de energía eléctrica o gas, así como los testimonios sobre alquileres, préstamos o cambios frecuentes de ocupantes, suelen constituir indicios relevantes dentro de los expedientes.
La recuperación de viviendas forma parte de una política orientada a garantizar que los inmuebles financiados con recursos públicos cumplan con su finalidad social. En una provincia donde miles de familias permanecen inscriptas a la espera de acceder a una casa propia, el organismo sostiene que el control del uso efectivo de las viviendas constituye una herramienta clave para preservar la equidad en el sistema de adjudicación.