La Subsecretaría de Trabajo cuestionó la falta de notificación formal de la medida y abrirá un expediente para determinar su alcance. La protesta afectó gran parte del servicio durante este miércoles y podría derivar en multas para el gremio.
La retención de servicios realizada este miércoles por choferes nucleados en UTA quedó bajo análisis de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, que anticipó la apertura de un expediente y la posibilidad de aplicar sanciones económicas al sindicato.
El titular del organismo, Franco Marchese, señaló que la medida no fue comunicada formalmente y que ahora deberán incorporarse informes para establecer cuántos colectivos dejaron de circular, durante cuánto tiempo y cuál fue el alcance de la protesta.
El funcionario consideró inicialmente que la medida podría ser ilegal, aunque aclaró que esa definición deberá surgir del procedimiento administrativo. El conflicto se originó en las diferencias entre UTA y las empresas por el cumplimiento del acuerdo salarial firmado el 23 de septiembre para los trabajadores del transporte del interior.
Un día antes de la retención, el gremio había declarado el estado de alerta y advertido sobre la realización de asambleas y posibles interrupciones del servicio.
Marchese también planteó que debía garantizarse un piso del 75% de la prestación. Sin embargo, la Ley nacional 27.802, vigente desde marzo, incorporó al transporte terrestre de pasajeros entre las actividades de “importancia trascendental” y estableció un mínimo del 50% del servicio normal, además de exigir un preaviso fehaciente de cinco días y comunicación a los usuarios con 48 horas de anticipación.
Mientras se define el alcance administrativo de la medida, el impacto se trasladó a los usuarios. El Ministerio de Educación resolvió justificar las tardanzas e inasistencias de quienes dependieran exclusivamente del transporte público mientras continúe la afectación del servicio.