El Gobierno de San Juan todavía no resolvió si avanzará con sanciones contra los gremios docentes que participaron del paro nacional convocado por CTERA. La definición quedó supeditada al informe que elabora el Ministerio de Educación, el cual determinará si durante la jornada se cumplió con el mínimo del 75% de prestación del servicio exigido por la legislación vigente para los servicios esenciales.
Desde la Subsecretaría de Trabajo explicaron que el proceso se encuentra en una instancia de verificación y que aún no existen elementos suficientes para decidir la apertura de un procedimiento sancionatorio. Según indicó el subsecretario Franco Marchese, las inspecciones realizadas en las escuelas por autoridades provinciales y nacionales permitirán establecer el nivel de asistencia registrado durante la medida de fuerza.
El funcionario remarcó que el análisis no se limitará al porcentaje de aulas que permanecieron abiertas. Educación deberá reunir información que permita distinguir si las ausencias obedecieron a la adhesión al paro o si respondieron a otras causas, como licencias por enfermedad u otras situaciones justificadas. Recién con esos datos oficiales se determinará si existió un incumplimiento de la prestación mínima establecida por la normativa.
En caso de comprobarse que no se alcanzó el piso del 75% de funcionamiento del sistema educativo por efecto de la huelga, la Subsecretaría de Trabajo evaluará la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Modernización Laboral. Marchese aclaró que las eventuales multas alcanzarían a las organizaciones sindicales y no a los docentes que participaron de la medida.
Además, explicó que el monto de una eventual sanción se calcula mediante una fórmula que toma como referencia la cantidad de trabajadores involucrados y el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, variables que determinan el importe final que debería afrontar el sindicato.
El paro nacional tuvo adhesión en San Juan por parte de UDAP y AMET, mientras que UDA no informó formalmente su participación en la medida. La protesta volvió a poner en discusión la aplicación de la legislación que obliga a garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del servicio educativo durante los conflictos gremiales.
En esa línea, desde la Secretaría General de la Gobernación ya habían anticipado que el Gobierno nacional solicitaría los registros de asistencia para analizar el cumplimiento de la normativa. Con esa información, las autoridades nacionales y provinciales definirán si corresponde avanzar con las sanciones contempladas para los casos en que no se haya garantizado el porcentaje mínimo de prestación del servicio.
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