El Ministerio de Minería trabaja en la normativa que permitirá poner en marcha la nueva legislación. La reglamentación incluirá más de un centenar de artículos y definirá aspectos centrales como el Repromin, los beneficios fiscales, los mecanismos de control y los objetivos de contratación local.
A menos de un mes de la aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero, el Gobierno de San Juan ya inició el proceso para reglamentar la norma que busca impulsar el empleo y la participación de proveedores sanjuaninos en la actividad minera. El Ejecutivo prevé concluir ese trabajo en aproximadamente 60 días, plazo en el que deberá establecer los procedimientos que harán operativa la legislación.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó que la complejidad de la tarea responde a que buena parte de la ley remite a una reglamentación específica para definir su funcionamiento. Entre los puntos que deberán desarrollarse figuran los planes de aplicación, el Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin), el consejo consultivo, la unidad técnica, el régimen sancionatorio y el esquema de incentivos fiscales.
Por ese motivo, el funcionario anticipó que el texto reglamentario será incluso más extenso que la propia ley y podría contener entre 90 y 120 artículos, destinados a establecer con precisión los mecanismos de implementación.
La elaboración está a cargo de equipos técnicos y jurídicos de los ministerios de Minería y de Producción, que ya habían participado en la redacción del proyecto legislativo. Según detalló Perea, uno de los capítulos con mayor grado de avance es la matriz de impacto socioeconómico, herramienta que permitirá medir el cumplimiento de los objetivos vinculados al empleo y las compras locales, mientras que el desarrollo del Repromin presenta un avance cercano a dos tercios de lo previsto.
Uno de los aspectos que concentra mayor atención es el artículo 25 de la ley, que contempla la entrega de créditos fiscales para las empresas que alcancen las metas de desarrollo local. La reglamentación deberá establecer cómo se otorgarán esos beneficios y bajo qué condiciones podrán ser transferidos a proveedores, un trabajo que el Ministerio de Minería desarrolla en conjunto con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.
El titular de la cartera minera remarcó que la norma no impone porcentajes obligatorios de contratación, sino que fija metas progresivas para aumentar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en los proyectos mineros. Entre los objetivos establecidos figuran alcanzar un 80% de empleo local y un 60% de compras a proveedores de la provincia, aunque esos indicadores estarán sujetos a variables como la disponibilidad de mano de obra calificada, la capacidad técnica y las condiciones del mercado.
Perea también aseguró que la legislación fue diseñada para convivir con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que no modifica las garantías de estabilidad previstas para las inversiones de gran escala.
Con la reglamentación en marcha, el Gobierno busca transformar los lineamientos generales de la ley en herramientas concretas que permitan fortalecer el desarrollo de proveedores, generar empleo local y ampliar el impacto económico de la minería en la provincia.