Tras la aprobación legislativa para gestionar hasta 600 millones de dólares, desde el Ejecutivo provincial aclararon que la coparticipación destinada a los departamentos continuará distribuyéndose sin modificaciones.
El Gobierno de San Juan salió a despejar dudas sobre el impacto que tendrá el nuevo esquema de financiamiento para obras públicas y aseguró que los recursos que reciben los municipios a través de la coparticipación no se verán afectados por la operación aprobada recientemente por la Legislatura.
La aclaración fue realizada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien explicó que el mecanismo autorizado permitirá gestionar hasta 600 millones de dólares destinados a obras de infraestructura consideradas prioritarias para la provincia.
Según detalló el funcionario, la estructura financiera prevista contempla como respaldo una porción de los ingresos coparticipables que percibe la provincia, aunque remarcó que la distribución secundaria, es decir, la que llega directamente a los municipios, permanecerá sin cambios.
Achem señaló que la Provincia cuenta además con otras fuentes de ingresos que contribuirán al cumplimiento de los compromisos asumidos, entre ellas los recursos provenientes de la actividad minera, lo que permitirá sostener el equilibrio financiero sin comprometer las partidas destinadas a los gobiernos departamentales.
Los fondos que se obtengan a través de esta herramienta estarán orientados a la ejecución de obras vinculadas a distintos servicios esenciales y sectores estratégicos. Entre las prioridades figuran proyectos habitacionales, mejoras viales, ampliación de redes de agua potable y cloacas, además de infraestructura hidráulica destinada a optimizar el manejo de los recursos hídricos.
Mientras avanza el proceso administrativo y financiero, el Ejecutivo provincial trabaja en la elaboración de proyectos ejecutivos para acelerar los tiempos de implementación. De acuerdo con las estimaciones oficiales, las primeras licitaciones podrían ponerse en marcha entre fines de este año y comienzos de 2027.
El cronograma proyectado prevé que las obras comiencen durante el primer semestre del próximo año. Desde el Gobierno consideran que el plan tendrá un efecto significativo sobre la actividad económica local, especialmente en el sector de la construcción, donde se espera la generación de entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo directos.
Con estas precisiones, el Ejecutivo busca llevar tranquilidad a los municipios y reafirmar que el programa de inversión en infraestructura no implicará modificaciones en los recursos que reciben las administraciones departamentales para su funcionamiento y prestación de servicios.