El Gobierno de San Juan comenzó a evaluar la implementación de un régimen de retiro voluntario para empleados de la administración pública provincial como parte de un proceso de modernización del Estado que también contempla la digitalización de trámites y una reducción gradual de la planta de personal.
El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, confirmó que el Ministerio de Economía se encuentra analizando antecedentes de programas aplicados tanto a nivel nacional como en otras provincias para definir cuál podría adaptarse mejor a la realidad sanjuanina. Según indicó, una de las alternativas es combinar distintos modelos ya existentes.
Entre las opciones en estudio figura un esquema similar al que rigió en San Juan en 2003, que contemplaba el pago de un porcentaje del salario junto con el mantenimiento de los aportes sociales. También se evalúan sistemas que prevén el cobro de varios haberes sin obligación de prestar servicios o modalidades de trabajador pasivo, mediante las cuales el empleado percibe una remuneración reducida mientras espera una eventual reasignación de funciones.
Ferrari explicó que la administración provincial cuenta actualmente con una planta de aproximadamente 53.000 trabajadores y sostuvo que cualquier medida deberá implementarse de manera gradual para evitar afectar el funcionamiento del Estado. En ese sentido, advirtió que existen áreas donde el conocimiento y la experiencia del personal resultan indispensables para garantizar la continuidad de la gestión.
Asimismo, señaló que sectores como Salud y Educación requieren un tratamiento diferenciado debido a sus regímenes laborales específicos y a la necesidad de mantener la prestación de servicios esenciales. En el caso del sistema educativo, recordó que existe un mecanismo de suplencias para cubrir vacantes, mientras que en Salud las necesidades de personal responden a la atención permanente de la población.
El funcionario reconoció que la planta estatal se encuentra sobredimensionada, aunque descartó la posibilidad de avanzar con una reducción masiva e inmediata del personal. Según explicó, el objetivo es implementar un retiro voluntario acompañado por un bloqueo de nuevos ingresos para evitar que la disminución de agentes sea compensada con nuevas incorporaciones.
La iniciativa, en principio, no alcanzaría a las sociedades del Estado, como OSSE y EPSE, ya que sus trabajadores están comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo y no integran la planta de la administración pública provincial.
Ferrari vinculó además esta discusión con la futura implementación del expediente digital, una herramienta que permitirá reducir tareas administrativas vinculadas al manejo de documentación en papel. No obstante, remarcó que ese proceso requerirá capacitación y una reconversión de funciones para parte del personal, por lo que consideró necesario abordar ambas transformaciones de manera conjunta.
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