El fiscal general aseguró que los cambios dentro del Ministerio Público responden a una reorganización para reforzar investigaciones complejas. Además, confirmó que el expediente por el Acueducto Gran Tulum ingresó en su etapa final.
El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, aseguró que la reciente rotación de fiscales y personal del Ministerio Público Fiscal responde exclusivamente a criterios de organización interna y rechazó que las modificaciones estén vinculadas con sanciones, conflictos internos o medidas disciplinarias. Según explicó, los cambios buscan fortalecer las investigaciones que requieren una mayor disponibilidad de recursos humanos y técnicos.
El funcionario recordó que la movilidad del personal fue una política planteada desde el inicio de su gestión y sostuvo que el Ministerio Público trabaja bajo el principio de unidad de actuación, lo que permite reasignar fiscales y equipos de trabajo de acuerdo con las necesidades de cada investigación.
En ese marco, indicó que las rotaciones se concentran principalmente en aquellas fiscalías que llevan adelante causas de alta complejidad. Como ejemplo, mencionó las investigaciones relacionadas con presuntas estafas en la venta de lotes, expedientes que demandaron la incorporación de profesionales de distintas disciplinas, entre ellos ingenieros agrimensores e ingenieros industriales, además del refuerzo con ayudantes fiscales y personal de apoyo.
Baigorrí aclaró que estos movimientos pueden ser transitorios y que los funcionarios reasignados podrán regresar a sus destinos habituales una vez que disminuya la carga de trabajo. Asimismo, insistió en que las decisiones obedecen únicamente a necesidades operativas y no a cuestionamientos sobre el desempeño de los integrantes del Ministerio Público.
Consultado por la investigación del Acueducto Gran Tulum, el fiscal general confirmó que la causa transita una etapa decisiva. Explicó que los fiscales continúan analizando la documentación y las pruebas incorporadas al expediente, al tiempo que solicitaron una prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para completar las últimas medidas pendientes.
Según detalló, el equipo investigador se encuentra en la fase final del análisis probatorio y, una vez concluida esa instancia, deberá resolver cuál será el siguiente paso procesal. Entre las alternativas figura la posibilidad de avanzar con una acusación formal si consideran que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales, aunque también podría adoptarse otra definición de acuerdo con el resultado de la investigación.
Las declaraciones de Baigorrí se producen en un contexto de creciente expectativa por el futuro de una de las causas judiciales de mayor impacto institucional en la provincia, cuya resolución podría comenzar a definirse en los próximos meses.