El endeudamiento se convirtió en una de las principales preocupaciones de los sanjuaninos durante 2026 y los datos relevados por la Defensoría del Pueblo de San Juan muestran la dimensión que alcanzó el problema. Entre enero y agosto, las consultas relacionadas con deudas, tarjetas de crédito, préstamos y refinanciaciones ocuparon el primer lugar entre los motivos de atención del organismo.
El informe “Endeudamiento: estado de situación”, elaborado por la Defensoría a cargo de Florencia Peñaloza, combinó los registros de consultas recibidas por el organismo con un relevamiento realizado en el Gran San Juan por el Observatorio de Derechos Humanos y un equipo interdisciplinario.
Uno de los principales resultados del estudio indica que el 76,8% de las personas encuestadas tiene deudas. Pero el dato adquiere mayor relevancia al observar para qué se tomó ese financiamiento: el 64% de los motivos declarados está relacionado con gastos básicos o con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades cotidianas.
En contraste, solamente el 7% de los casos correspondió a la adquisición de bienes como automóviles, motos o viviendas. Esto refleja que, en buena parte de las situaciones relevadas, el crédito aparece como una herramienta utilizada para sostener el consumo y afrontar gastos esenciales.
El peso de esas obligaciones también queda reflejado en los ingresos familiares. El 64,3% de las personas endeudadas destina más de la mitad de lo que gana al pago de sus deudas, dejando el resto de sus recursos para cubrir alimentación, transporte, salud y educación.
A esto se suma que casi el 70% de los encuestados sostiene económicamente a dos o más personas. Por lo tanto, las dificultades para cumplir con los compromisos financieros tienen impacto sobre todo el grupo familiar y no solamente sobre quien contrajo la obligación.
La presión sobre los hogares también aparece en la percepción de los propios encuestados: el 84,4% afirmó que le resulta bastante o muy difícil cumplir con los pagos mensuales, mientras que el 87,1% manifestó estar bastante o muy preocupado por su situación financiera.
Las tarjetas de crédito constituyen el principal tipo de deuda identificado en el relevamiento, con el 39% de los casos, mientras que los préstamos bancarios o de financieras representan otro 30%. En tanto, los servicios y alquileres concentran el 18%.
Uno de los indicadores que genera especial preocupación es que el 11% de las personas consultadas aseguró que toma nuevas deudas para pagar obligaciones anteriores, una dinámica que puede profundizar las dificultades financieras y derivar en situaciones de sobreendeudamiento.
Los registros propios de la Defensoría también reflejan esta problemática. Durante los primeros ocho meses de 2026, el 64% de los reclamos vinculados al endeudamiento estuvo relacionado con entidades bancarias. Otro 11% correspondió a créditos no bancarios, entre ellos los otorgados por financieras, prestamistas y comercios.
Por tipo de consulta, el 26% estuvo relacionado con deudas y refinanciaciones, el 25% con tarjetas de crédito y el 21% con préstamos. Además, cerca de uno de cada cinco casos ya había ingresado en una instancia judicial, con situaciones que incluían embargos o ejecuciones.
Peñaloza explicó que el informe surgió a partir de la reiteración de esta problemática en las consultas que recibe la Defensoría y planteó la necesidad de generar herramientas que permitan abordar las dificultades financieras de las familias.
A partir de los resultados del relevamiento, la Defensoría impulsa distintas medidas destinadas a proteger a los usuarios financieros. Entre ellas se encuentra una presentación ante el Banco Central para promover un esquema de reducción y regulación de las tasas de interés aplicadas a consumos básicos realizados con tarjetas de crédito, especialmente en hogares de menores recursos.
El organismo también planteó que bancos y entidades financieras incorporen alternativas de refinanciación y reestructuración que permitan establecer cuotas de hasta el 30% del ingreso neto familiar.
Otro de los ejes está puesto en la transparencia de las operaciones. La propuesta apunta a que los usuarios puedan conocer con precisión cuánto deben de capital, cuánto corresponde a intereses, comisiones, cargos y otros conceptos incluidos en sus obligaciones.
La Defensoría también intervino ante el Banco San Juan y el Banco Nación por las condiciones de atención a jubilados y usuarios bancarios, particularmente durante el cobro de haberes y bonos.
El organismo sostiene además otras líneas de trabajo vinculadas con la protección de los consumidores y usuarios, entre ellas una iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a las apuestas digitales, que fue sancionada y reglamentada durante este año.
El diagnóstico elaborado por la Defensoría deja así un escenario en el que el endeudamiento no aparece solamente como una herramienta para acceder a bienes o realizar determinadas inversiones, sino también como un recurso utilizado por numerosas familias para afrontar gastos cotidianos, con una creciente presión sobre sus ingresos mensuales.
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