El proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno de San Juan comenzó a generar sus primeras diferencias entre los partidos políticos, incluso antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone que cada fuerza política tenga autonomía para definir el mecanismo de selección de sus candidatos, pero establece que el financiamiento de ese proceso dejará de estar a cargo del Estado y pasará a ser responsabilidad de los propios partidos.
El punto referido al financiamiento es el que concentra el mayor debate. Mientras dirigentes alineados con el oficialismo y espacios liberales consideran que el Estado no debe destinar recursos públicos para resolver cuestiones internas de los partidos, referentes de la oposición sostienen que esa decisión puede limitar la competencia y perjudicar especialmente a las fuerzas con menor estructura económica.
Entre quienes respaldan la propuesta, el diputado provincial Fernando Patinella, de La Libertad Avanza, sostuvo que la medida responde a un reclamo social para reducir el gasto público destinado a la actividad política. En la misma línea, el presidente de Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, consideró que cada partido debe asumir el costo de sus propias internas y que, en caso de no contar con los recursos necesarios, las candidaturas deberían resolverse por consenso.
También el dirigente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, coincidió en que las fuerzas políticas deben afrontar esos gastos, aunque planteó la necesidad de avanzar en un sistema transparente que permita regular y blanquear los aportes privados destinados al financiamiento partidario.
En cambio, desde otros espacios surgieron reparos sobre el impacto que podría tener el nuevo esquema. El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, recordó que un sistema similar existía antes de la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero advirtió que eliminar el financiamiento estatal podría colocar en desventaja a los partidos con menor capacidad económica.
Las críticas fueron más contundentes desde el Partido Justicialista y el Frente Renovador. El titular del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, respaldó la idea de que cada fuerza pueda definir libremente su mecanismo de selección de candidatos, aunque rechazó que el costo recaiga exclusivamente sobre los partidos al considerar que eso limitaría la participación de quienes no cuentan con recursos suficientes para organizar una elección interna.
En la misma dirección, el presidente del Frente Renovador, Franco Aranda, cuestionó la propuesta al sostener que el financiamiento estatal constituye una herramienta para garantizar igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas y evitar que las limitaciones económicas condicionen la competencia democrática.
Desde el Partido de Izquierda también manifestaron cautela. Su referente, Cristian Jurado, recordó que ese espacio históricamente resolvió sus candidaturas mediante consensos internos y nunca respaldó el sistema de PASO, aunque consideró necesario analizar el texto definitivo del proyecto antes de fijar una posición sobre la reforma.
Con posturas divididas, el debate anticipa una discusión que promete ocupar un lugar central cuando la iniciativa llegue a la Legislatura. Si bien existe un amplio consenso respecto de otorgar mayor autonomía a los partidos para definir sus candidatos, el financiamiento de las internas aparece como uno de los aspectos que más controversia genera y que podría modificar las condiciones de competencia entre las distintas fuerzas políticas.
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