El Concejo Deliberante de Chimbas volvió a convertirse en escenario de disputa política entre la mayoría del cuerpo, alineada con el exintendente Fabián Gramajo, y la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez. En la última sesión, los ediles aprobaron un cambio en el reglamento para cubrir la vacante de la Asesoría Contable, reduciendo de tres a un año el requisito de ejercicio de la profesión. Al mismo tiempo, el pedido del Ejecutivo para extender el plazo de tratamiento del Presupuesto 2027 fue enviado nuevamente a comisión.
La decisión sobre la prórroga abrió otro capítulo de la tensión entre el Legislativo y la Intendencia. Rodríguez había solicitado extender hasta el 10 de diciembre el plazo para analizar el proyecto presupuestario, aunque en las conversaciones previas se había manejado como alternativa el 30 de noviembre. El bloque justicialista, sin embargo, impulsó que antes de avanzar se atiendan una serie de requerimientos vinculados con las cuentas municipales.
La concejal Ivana Cortez planteó que el pedido de prórroga podría avanzar si el Ejecutivo responde los pedidos de informes pendientes sobre balances y situación financiera, además de presentar los principales lineamientos del esquema de gastos y recursos previsto para el próximo año. De esta manera, la discusión presupuestaria quedó atada a la información que la gestión municipal debe remitir al Concejo.
La postura generó reparos del concejal orreguista Eduardo Núñez, quien consideró que condicionar la aprobación de la prórroga al cumplimiento de otros requerimientos podía adquirir un carácter “coactivo”. El edil había señalado previamente que en comisión se había alcanzado un entendimiento para llevar la fecha límite al 30 de noviembre.
El planteo de la Intendencia tenía como fundamento la necesidad de contar con mayor certeza sobre los recursos que recibirán los municipios. El Presupuesto provincial suele definirse en diciembre y de allí surgen los parámetros de coparticipación que resultan determinantes para las administraciones municipales, entre otras cuestiones, para afrontar sus compromisos y el pago de salarios.
La disputa no es nueva. Las diferencias entre Rodríguez y el sector político que responde a Gramajo quedaron expuestas con particular intensidad durante la discusión del Presupuesto 2026, que finalmente no fue aprobado luego de sucesivas controversias. Aunque en los últimos meses el enfrentamiento perdió parte de la exposición pública que tuvo inicialmente, las diferencias continúan trasladándose al funcionamiento del Concejo.
En ese escenario también aparece la discusión interna del peronismo de Chimbas de cara a 2027. Rodríguez ha manifestado su intención de competir por la continuidad al frente del municipio, mientras que dentro del espacio que conduce Gramajo existen sectores que interpretan que el exintendente también podría intentar regresar al Ejecutivo departamental. El reparto de candidaturas para el municipio, la Legislatura provincial y eventualmente otros espacios de representación aparece así como uno de los puntos que deberán resolver ambos sectores.
La modificación del reglamento para la cobertura de la Asesoría Contable fue otro episodio de esa disputa. La iniciativa estableció que para acceder al cargo ya no será necesario acreditar tres años de ejercicio profesional, sino solamente uno.
La propuesta consiguió los votos de Ariel Rivero, Ivana Cortez, Noelia Tortarolo, Leonela Yúdica, Augusto Neyra y Eduardo Rodríguez, del PRO. En contra de avanzar en la sesión y a favor de que el expediente regresara a comisión se pronunciaron Núñez, Luciano Cano y María Arredondo, esta última alineada políticamente con la intendenta. Griselda Chávez, de La Libertad Avanza, directamente rechazó el proyecto.
Núñez y Cano también habían planteado que la cobertura de la vacante se realizara mediante una convocatoria pública, con publicación de edictos para garantizar la participación de profesionales interesados. Incluso acercaron los antecedentes de cuatro contadores, entre ellos dos profesionales de Chimbas, que cumplían con las condiciones establecidas originalmente.
Pese a ese planteo, la mayoría del Concejo avanzó con la modificación reglamentaria y terminó imponiendo la designación de una profesional de apellido Uriza para ocupar la Asesoría Contable que había quedado vacante tras la renuncia de Marcelo Ezeiza.
Así, dos decisiones adoptadas en la misma sesión —el cambio de las condiciones para cubrir un cargo y el freno al pedido de prórroga presupuestaria— volvieron a exhibir el peso político de la mayoría del Concejo y la persistencia de las diferencias con la intendenta. Una disputa institucional que, además, comienza a adquirir una dimensión electoral de cara a 2027 y que podría tener impacto en el reordenamiento del peronismo sanjuanino.
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