La causa Branka Motor llegó a una instancia clave en el plano penal con la homologación de un acuerdo que fija penas de cinco años de prisión efectiva para los tres acusados. Sin embargo, para las cientos de personas que denunciaron haber perdido dinero, la condena no resuelve el principal interrogante: cómo recuperar los fondos.
El expediente acumula 365 denuncias y, de acuerdo con la información aportada por la abogada María Filomena Noriega, el perjuicio económico alcanzaría aproximadamente los $522 millones. Los fundamentos de la resolución judicial se conocerán el próximo martes y permitirán conocer en detalle los argumentos utilizados para establecer las condenas.
Mientras la causa penal avanza hacia su cierre, los damnificados analizan la posibilidad de iniciar reclamos por la vía civil para intentar recuperar parte del dinero. Allí aparece uno de los principales obstáculos: el patrimonio que podría ser ejecutado para afrontar las obligaciones.
Según explicó Noriega, durante la investigación se realizaron averiguaciones sobre cuentas bancarias y otros activos financieros vinculados con los acusados, pero los resultados fueron limitados. Hasta el momento, solo se habrían identificado dos vehículos registrados a nombre de los condenados como bienes susceptibles de ejecución.
La situación genera preocupación entre las víctimas, ya que aun con una sentencia favorable, la ausencia de patrimonio suficiente puede dificultar considerablemente el recupero de los fondos. De hecho, algunos damnificados ya habrían desistido de continuar con nuevas acciones judiciales ante las pocas expectativas de obtener una reparación económica.
Durante el proceso también se había planteado una alternativa para intentar compensar a los afectados mediante un acuerdo de devolución de dinero en cuotas. Sin embargo, esa posibilidad no prosperó porque, según indicó la representante de los damnificados, los acusados no llegaron a realizar siquiera el primer pago previsto.
Entre quienes denunciaron aparecen numerosos trabajadores y jóvenes que buscaban acceder a su primer vehículo y que, según describió Noriega, pertenecen principalmente a sectores de ingresos medios y bajos. Para ellos, la pérdida económica representa un impacto particularmente significativo.
Con las condenas ya homologadas, cada víctima deberá definir ahora qué camino seguir. Algunos podrán optar por iniciar reclamos civiles, mientras que otros evaluarán posibles impugnaciones de la resolución. El escenario estará condicionado por los fundamentos de la sentencia y, especialmente, por la limitada cantidad de bienes identificados para responder por el perjuicio económico.
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