El Servicio Penitenciario de San Juan impulsa un plan de modernización tecnológica que incluirá reconocimiento facial, nuevos escáneres y un centro de monitoreo. El equipamiento acompañará la habilitación del sector 5, prevista para el primer semestre de 2027. La medida busca reforzar la seguridad y frenar el ingreso de teléfonos y otros elementos prohibidos.
El Penal de Chimbas se encamina a una transformación de su sistema de seguridad con la incorporación de tecnología de última generación. El proyecto contempla cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, escáneres para personas y pertenencias, inhibidores de señales de telefonía celular y dispositivos para neutralizar drones. La iniciativa apunta a fortalecer los controles dentro del establecimiento y prevenir maniobras destinadas a vulnerar la vigilancia penitenciaria.
El director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, confirmó que parte del nuevo equipamiento será instalado en el sector número 5, cuya construcción ya está finalizada y que ahora requiere la incorporación de mobiliario y tecnología para su funcionamiento.
Entre las principales herramientas previstas se encuentran cámaras inteligentes capaces de identificar rostros y determinar si las personas que circulan por determinados espacios están autorizadas para hacerlo. El sistema estará conectado a una base de datos y a un centro de monitoreo, desde donde se podrán detectar movimientos irregulares y generar alertas para el personal de seguridad.
La puesta en funcionamiento de esta infraestructura tecnológica está vinculada con la apertura del nuevo sector carcelario. Según anticipó Suárez, la intención es completar ambas etapas durante el primer semestre de 2027.
El plan también prevé sumar un tercer escáner corporal y equipos para revisar bolsos y detectar metales. Estos dispositivos serán utilizados en los controles de ingreso de visitantes, empleados penitenciarios y personal civil que desarrolla tareas dentro del complejo.
Uno de los puntos centrales de la modernización está relacionado con el uso ilegal de teléfonos celulares desde el interior del penal. Para combatir esta problemática, el Servicio Penitenciario trabaja junto con la Secretaría de Seguridad en la instalación de inhibidores de señales que permitan restringir las comunicaciones no autorizadas.
Las estadísticas oficiales reflejan la dimensión del problema: durante 2026 se secuestraron alrededor de 70 teléfonos celulares dentro del establecimiento. A estos procedimientos se sumaron decomisos de entre 60 y 70 gramos de estupefacientes, con una mayor presencia de cocaína en los últimos operativos.
Otro frente de preocupación son los intentos de introducir elementos prohibidos mediante drones. Suárez confirmó que durante este año se registraron tres episodios de este tipo en el Penal de Chimbas. Aunque los dispositivos no llegaron a internarse profundamente en las instalaciones, los incidentes obligaron a activar los protocolos de seguridad correspondientes.
Frente a esta situación, las autoridades también analizan incorporar inhibidores específicos para drones, una tecnología que ya se utiliza en otros establecimientos penitenciarios del país.
La ampliación del sistema de videovigilancia completará el proyecto, con nuevas cámaras distribuidas tanto en los espacios internos como en el perímetro del complejo. El objetivo será mejorar la capacidad de respuesta ante movimientos sospechosos y evitar que el ingreso de celulares, drogas u otros elementos prohibidos pueda concretarse sin ser detectado.