Desde el Sindicato de Empleados de Casinos y la Comisión de Justicia y Paz alertaron sobre la proliferación de plataformas clandestinas y pidieron avanzar con los controles previstos en la normativa vigente.
El crecimiento de las apuestas online entre adolescentes volvió a generar preocupación en San Juan. Desde el Sindicato de Empleados de Casinos y la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado advirtieron sobre la expansión de plataformas clandestinas de juego y reclamaron la reglamentación de la ley provincial que regula la actividad para fortalecer los controles y limitar el acceso de menores de edad.
El planteo fue realizado por el secretario general del gremio, Manuel Jiménes, quien sostuvo que en la provincia operan más de 200 sitios de apuestas ilegales y aseguró que, durante los últimos dos años, aumentó de manera sostenida la participación de adolescentes en estas plataformas.
Según explicó, muchos menores logran registrarse utilizando datos personales de adultos o de personas mayores de edad, mientras que el uso de billeteras virtuales facilita la realización de apuestas de bajo monto sin mayores dificultades.
Jiménes indicó que la problemática alcanza a jóvenes de entre 12 y 17 años y advirtió que uno de los principales impactos se observa en los cambios de hábitos, ya que, según señaló, muchos adolescentes reemplazan actividades recreativas o deportivas por el interés de obtener ganancias rápidas a través del juego.
El dirigente recordó que San Juan cuenta desde 2025 con una ley para regular las apuestas online, aunque la norma todavía no fue reglamentada. Entre las herramientas previstas se encuentran sistemas de validación biométrica, como el reconocimiento facial o la huella dactilar, destinados a impedir el acceso de menores y habilitar únicamente a operadores autorizados por la Caja de Acción Social.
Finalmente, reclamó avanzar con la reglamentación para poner en marcha el proceso de licitación de las plataformas habilitadas y reforzar las estrategias de prevención mediante campañas de concientización, controles familiares y un trabajo articulado entre escuelas, organismos públicos y distintos sectores de la comunidad.