El intendente Sebastián Carvajal confirmó que el municipio acudió a la Justicia tras detectar diferencias en la recaudación correspondientes a 2023 y 2024. La causa fue caratulada provisoriamente como peculado y ya comenzó a ser investigada por la UFI Delitos Especiales.
Una auditoría contable realizada en la Municipalidad de Calingasta derivó en una denuncia judicial por un faltante de $108.463.580,03 correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024. El intendente Sebastián Carvajal confirmó que la presentación fue realizada ante la UFI Delitos Especiales y que el expediente ya tuvo una audiencia de formalización ante el juez de Garantías Sergio López Martí.
El monto observado surge de dos períodos: $52.995.746,12 correspondientes a 2023 y otros $55.466.824,71 del ejercicio 2024. Según explicó el jefe comunal, la diferencia fue advertida durante una revisión de las cuentas municipales vinculada a la elaboración de los balances que deben ser elevados al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas.
La principal línea investigativa apunta a fondos provenientes de la recaudación municipal. De acuerdo con la explicación brindada por Carvajal, los pagos realizados por los contribuyentes a través de San Juan Servicios debían ser reunidos y posteriormente depositados en las cuentas del municipio. La auditoría habría encontrado montos cuya incorporación a las arcas municipales no pudo ser respaldada con la documentación disponible.
El intendente sostuvo que el faltante no habría surgido de una única operación, sino de una sucesión de movimientos de menor cuantía que, con el paso del tiempo, habrían generado la diferencia millonaria detectada. La Justicia deberá establecer ahora cómo se produjeron esas operaciones, cuándo comenzaron y quiénes participaron.
La situación derivó además en el apartamiento de la entonces tesorera municipal, Marta Noelia Campos, de las tareas vinculadas con el manejo de dinero. Según Carvajal, la funcionaria fue trasladada a otra dependencia luego de que no pudiera aportar, a criterio del Ejecutivo, documentación suficiente para explicar las inconsistencias encontradas.
Campos continúa vinculada laboralmente con la comuna debido a su condición de empleada de planta permanente, aunque ya no desempeña funciones relacionadas con la Tesorería.
La investigación podría ampliar su alcance hacia ejercicios anteriores. Carvajal señaló que los auditores y la Justicia podrían revisar documentación correspondiente a años previos para determinar si el mecanismo investigado comenzó antes de 2023. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que el análisis se extienda hasta 2021 o 2022.
El intendente también dejó planteada la posibilidad de que la investigación alcance a otras personas si se determina que existió participación o conocimiento por parte de funcionarios de administraciones anteriores. No obstante, cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida por la Justicia a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
La causa fue encuadrada provisoriamente como peculado y cuenta con un plazo de un año de investigación. Durante ese período se deberán analizar los registros contables, comprobantes, movimientos bancarios y demás documentación necesaria para reconstruir el circuito del dinero y establecer qué ocurrió con los fondos observados.
Desde el municipio señalaron que la denuncia se enmarca en una política de control y transparencia impulsada por la actual gestión. Carvajal aseguró que pretende que el patrimonio municipal quede documentado de manera detallada y que las eventuales irregularidades detectadas en administraciones anteriores sean investigadas.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si el faltante denunciado responde efectivamente a una apropiación de fondos públicos, cuál fue el mecanismo utilizado y si existen responsables penales por los $108,4 millones que quedaron bajo investigación.