La tranquilidad del entorno del colegio María Auxiliadora, en el departamento Capital, se vio afectada en los últimos días por denuncias vecinales que advierten sobre la presunta instalación de un grupo de personas en terrenos baldíos de la zona, lo que habría derivado en un incremento de la sensación de inseguridad.
Según relataron habitantes del sector, se trataría de personas que previamente fueron desalojadas de la casona ubicada en avenida Rawson y General Paz, inmueble que había sido foco de conflictos y ocupaciones prolongadas. Los vecinos señalan que este grupo habría comenzado a utilizar espacios abiertos como refugio, depósito de residuos y presunta base para actividades ilícitas.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Capital, César Aguilar, explicó que el municipio tomó intervención ante las reiteradas alertas de la comunidad y en coordinación con organismos provinciales. En ese marco, indicó que se detectaron baldíos que estarían siendo utilizados de manera irregular, lo que generó intervenciones de limpieza y tareas de ordenamiento.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, el predio en cuestión presentaba acumulación de basura y signos de ocupación informal, situación que fue abordada mediante un operativo de saneamiento. Sin embargo, se advirtió que, tras las tareas de limpieza, se registraron nuevamente focos de residuos y movimientos en el lugar.
El conflicto se enmarca en la reubicación informal de personas tras el desalojo de la casona de avenida Rawson, donde se había desarrollado durante años una situación de usurpación que culminó con un operativo conjunto entre el municipio, la Secretaría de Seguridad y la Justicia de Faltas. En ese procedimiento se logró la restitución del inmueble a sus propietarios legales.
Los vecinos sostienen que el desplazamiento de ese grupo habría generado un “efecto traslado” hacia otros puntos urbanos, lo que derivó en nuevos reclamos en distintos sectores de Capital. La preocupación se centra ahora en la utilización de terrenos abiertos como espacios de asentamiento y posibles focos de conflicto social.
Ante este escenario, el municipio y el área de Seguridad provincial resolvieron convocar a una instancia de diálogo con los vecinos para abordar la problemática y coordinar medidas de prevención. Entre las acciones previstas se analizan controles, patrullajes y posibles exigencias de cierre perimetral en terrenos privados, con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones irregulares y reducir los riesgos en la zona.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.