La proteccionista Emilia Merino aseguró que los episodios fueron detectados durante los últimos dos años y advirtió sobre las dificultades para avanzar con las investigaciones. Junto al abogado Adolfo López Martí impulsa una reforma de la legislación provincial para reforzar las sanciones y los mecanismos de prevención.
Una grave denuncia sobre casos de abuso sexual contra animales volvió a poner en discusión la protección animal y la respuesta judicial en San Juan. La proteccionista Emilia Merino aseguró que durante los últimos dos años tomaron conocimiento de cinco episodios de zoofilia y reclamó modificaciones legales para mejorar la investigación de estos hechos y evitar que queden sin consecuencias.
La referente señaló que muchas de las situaciones llegan a través de comunicaciones anónimas, aunque reconoció que la falta de elementos probatorios representa uno de los principales obstáculos para avanzar judicialmente. También aclaró que no se difundieron detalles sobre el estado procesal de los cinco casos mencionados.
Frente a este escenario, Merino trabaja junto al abogado Adolfo López Martí en una propuesta de modificación de la Ley Provincial 2005-L. La iniciativa, que impulsan desde hace aproximadamente dos años, busca incorporar herramientas específicas para abordar los abusos contra animales, además de contemplar mecanismos de seguimiento y atención psicológica o psiquiátrica para las personas responsables.
La proteccionista manifestó su preocupación por las dificultades que existen para conseguir sanciones efectivas y cuestionó que las condenas de prisión sean poco frecuentes. Según planteó, resulta necesario fortalecer las respuestas judiciales para que estos hechos no queden limitados únicamente a las denuncias.
En la actualidad, la Ley Nacional 14.346 establece penas de prisión de quince días a un año para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. Sin embargo, desde el sector proteccionista consideran que el marco normativo necesita herramientas adicionales que permitan abordar de manera más específica este tipo de conductas.
La propuesta también apunta a mejorar los canales de recepción de denuncias, facilitar la recolección de pruebas y establecer mecanismos de intervención que permitan proteger a los animales involucrados.
Merino insistió en que la problemática requiere mayor compromiso institucional y una legislación que acompañe las investigaciones. El reclamo busca instalar el tema en la agenda provincial y avanzar hacia medidas que permitan prevenir nuevos episodios y garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de violencia contra los animales.