Fernando Godoy, presidente de la cámara que nuclea a proveedores mineros de departamentos sanjuaninos, criticó la postura de José Morea tras la adjudicación de la construcción de módulos habitacionales a un consorcio liderado por empresas chinas. Además, aseguró que la industria nacional estaba en condiciones de competir por el proyecto.
La decisión de adjudicar la construcción de los primeros módulos habitacionales del proyecto minero Vicuña a un consorcio integrado por empresas chinas y una firma argentina continúa generando repercusiones en San Juan. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, cuestionó duramente las declaraciones realizadas por el CEO de Vicuña, José Morea, y defendió la capacidad de la industria nacional para participar en este tipo de desarrollos.
La controversia surgió luego de que Vicuña confirmara que la licitación quedó en manos de un consorcio conformado por PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A., que tendrá a su cargo la provisión de módulos habitacionales destinados al futuro campamento minero. La noticia despertó inquietud entre proveedores locales y reavivó el debate sobre la participación de empresas argentinas en los grandes proyectos vinculados a la minería.
Frente a las críticas, Morea explicó que la adjudicación corresponde únicamente a la primera etapa del complejo habitacional y que representa cerca de una cuarta parte del proyecto total. Según detalló, se trata de la primera de cuatro licitaciones previstas para completar la infraestructura que acompañará el desarrollo de la iniciativa minera.
Sin embargo, las aclaraciones no lograron disipar los cuestionamientos. Godoy consideró desacertadas algunas expresiones del ejecutivo y sostuvo que quienes toman decisiones sobre inversiones en la provincia deben conocer con mayor profundidad la realidad local y el entramado productivo sanjuanino.
El dirigente remarcó además que la discusión trasciende una contratación puntual y se vincula con el aprovechamiento de los recursos provinciales. En ese sentido, enfatizó la importancia de garantizar oportunidades para las empresas locales y de promover una mayor integración de proveedores sanjuaninos en la cadena de valor minera.
La polémica también alcanzó al ámbito político. Días atrás, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, manifestó su preocupación por los mecanismos de contratación utilizados en el sector y planteó la necesidad de que los proveedores locales cuenten con información suficiente sobre la demanda generada por los grandes emprendimientos para poder prepararse y competir en igualdad de condiciones.
Mientras tanto, la discusión se produce en paralelo al debate legislativo sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero y Empleo Local, una iniciativa que busca fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en los emprendimientos extractivos que se desarrollen en la provincia.
En ese contexto, Godoy adelantó que presentará documentación técnica para demostrar que la industria argentina contaba con las condiciones necesarias para participar de la licitación del campamento de Vicuña dentro de los plazos establecidos. Con ello, busca reforzar la postura de los proveedores locales y abrir una discusión más amplia sobre los criterios de contratación en uno de los proyectos mineros más importantes que se encuentran en etapa de desarrollo en San Juan.