El abogado Marcelo Arancibia aseguró que se perdieron semanas clave en la causa y estimó que el perjuicio económico ya supera los $4.000 millones. También pidió que el expediente pase a la Justicia Federal.
La investigación contra las firmas Global Market y GMI Inversiones sumó nuevas críticas luego de que el abogado Marcelo Arancibia cuestionara públicamente el avance de la causa y denunciara presuntas fallas en la actuación judicial durante las primeras semanas del proceso.
El letrado, que representa a un grupo de damnificados por la presunta estafa financiera, aseguró que el perjuicio económico ya superaría los $4.000 millones y advirtió que el monto podría incrementarse considerablemente a medida que aparezcan nuevas presentaciones judiciales.
Según explicó, muchas personas todavía no formalizaron denuncias debido a que los contratos de mutuo firmados con las empresas aún no vencieron, por lo que estimó que el número de afectados podría crecer en las próximas semanas.
Arancibia sostuvo que la maniobra investigada consistía en captar fondos mediante promesas de inversiones de bajo riesgo y elevada rentabilidad, para luego derivar parte del dinero hacia cuentas personales y sociedades vinculadas a los responsables de las firmas.
En ese sentido, afirmó que dentro de la causa ya existirían elementos que muestran movimientos financieros hacia empresas relacionadas con familiares de los acusados. Además, remarcó que el propio Ministerio Público Fiscal habría detallado en la investigación el recorrido de parte de los fondos aportados por inversores.
Sin embargo, el abogado apuntó especialmente contra la falta de medidas urgentes durante la etapa inicial del expediente. Según denunció, durante aproximadamente 45 días no se realizaron allanamientos ni secuestros de computadoras, teléfonos celulares o documentación que podría resultar clave para la investigación.
Para Arancibia, esa demora representó una pérdida de tiempo valiosa en una causa de alta complejidad económica y financiera. Por ese motivo, también planteó que el expediente debería pasar al ámbito de la Justicia Federal debido a la posible existencia de delitos vinculados al mercado de capitales y lavado de activos.
La discusión sobre la competencia judicial será uno de los puntos centrales de la audiencia prevista para el próximo martes, donde el juez deberá resolver cómo continuará la investigación de una causa que ya genera fuerte repercusión en San Juan.