El diputado provincial Enzo Cornejo respaldó el avance del régimen transitorio que permitirá implementar en San Juan la nueva Ley Penal Juvenil y sostuvo que su aplicación deberá contemplar una mirada integral sobre la problemática. Para el legislador, la respuesta no puede limitarse al castigo de los adolescentes que cometen delitos, sino que también debe atender a las víctimas, sus familias y las condiciones que pueden favorecer la reincidencia.
Cornejo consideró que la implementación del nuevo régimen requiere una participación activa tanto del Estado como de la sociedad. En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos debe ser generar herramientas que permitan que los jóvenes que ingresan al sistema penal puedan recuperar un proyecto de vida y evitar nuevos conflictos con la ley.
El diputado reconoció además que la Provincia enfrenta restricciones presupuestarias y que esa realidad obliga a definir prioridades. Dentro de ese escenario, ubicó a la seguridad y a las políticas destinadas a los jóvenes entre los temas que deben ocupar un lugar relevante en la agenda pública.
Otro de los ejes planteados por Cornejo fue el rol de las familias y el contexto en el que se desarrollan los adolescentes que terminan vinculados con hechos delictivos. Según explicó, el abordaje debe contemplar las circunstancias particulares de cada caso y buscar respuestas que permitan intervenir antes de que la situación se profundice.
Sin embargo, el legislador remarcó que una mirada orientada a la recuperación de los jóvenes no debe significar dejar de lado a quienes fueron víctimas de los delitos. En su planteo, el nuevo sistema deberá encontrar un equilibrio entre la responsabilidad frente al hecho cometido, la atención de las personas afectadas y las herramientas necesarias para evitar que los adolescentes vuelvan a delinquir.
Para Cornejo, el resultado más importante de una política de seguridad vinculada con la problemática juvenil será que disminuya la posibilidad de que se produzcan nuevos hechos. En esa línea, sostuvo que la efectividad del sistema debería medirse no solamente por las sanciones aplicadas, sino también por su capacidad para impedir que una persona vuelva a delinquir y que, como consecuencia, aparezcan nuevas víctimas.
El régimen transitorio que será analizado por la Legislatura se presenta así como el paso necesario para adaptar la estructura provincial a la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil, en un escenario que plantea el desafío de combinar seguridad, protección de las víctimas y políticas de reinserción para los adolescentes que ingresen al sistema.
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