La conciliación obligatoria continuará vigente durante 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros 10. Los empresarios se comprometieron a pagar este viernes el retroactivo salarial del 10,5% correspondiente a septiembre, mientras la UTA y las empresas deberán seguir negociando.
El servicio de colectivos volvió a funcionar en San Juan este jueves 8 de octubre, tras más de un día y medio de paro y una negociación de casi siete horas entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte. Sin embargo, el acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza no resolvió la disputa salarial y las conversaciones deberán continuar durante las próximas semanas.
El subsecretario de Trabajo provincial, Franco Marchese, explicó que la conciliación obligatoria se mantiene vigente por 15 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga de otros 10. Durante ese período, las partes deberán respetar la tregua laboral y evitar nuevas medidas de fuerza mientras buscan una solución definitiva.
El compromiso que permitió restablecer el servicio contempla el pago de una deuda salarial reclamada por el gremio. Según detalló Marchese, se trata de un retroactivo del 10,5% correspondiente a septiembre, previsto en un acuerdo entre la UTA y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).
Los empresarios asumieron el compromiso de depositar los fondos este viernes 9 de octubre. El pago fue el punto central para destrabar el conflicto y permitir que las unidades volvieran a circular desde las 18 del jueves.
Pese a la reanudación de los recorridos, el funcionario advirtió que todavía quedan diferencias por resolver y que el escenario dependerá del desarrollo de las negociaciones. Si bien expresó su expectativa de que no se repita una interrupción del servicio, reconoció que la evolución del conflicto es difícil de anticipar.
Marchese también precisó que la Subsecretaría de Trabajo cumple una función de mediación y control del cumplimiento de las normas laborales, pero no actúa como un tribunal para determinar qué parte tiene razón. En ese marco, diferenció las disputas entre trabajadores y empresarios de otros aspectos del sistema de transporte, como las tarifas.
Durante el conflicto, el Gobierno provincial también había recurrido a la Justicia mediante un amparo para intentar garantizar la prestación del servicio. La intervención judicial no llegó a ser necesaria para destrabar el paro, ya que las partes alcanzaron un entendimiento en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo.
Con los colectivos nuevamente en las calles, la atención estará puesta en el cumplimiento del pago comprometido y en las próximas reuniones entre el gremio y las empresas. El desafío será sostener la normalidad del transporte público mientras avanza una negociación que todavía no tiene un acuerdo definitivo.