La aprobación de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de San Juan abrió una nueva etapa para el Gobierno provincial. Después de semanas de debate político, respaldo de sectores económicos y cuestionamientos opositores, el Ejecutivo quedó autorizado a buscar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras consideradas estratégicas.
La norma fue aprobada en Diputados por 23 votos a favor y 12 en contra, en una sesión seguida de cerca por el gobernador Marcelo Orrego, quien celebró el resultado y defendió la herramienta como parte de una planificación de largo plazo para la provincia. Tras la votación, el mandatario apuntó contra los sectores que rechazaron el proyecto: “No puedo creer que algunos diputados, sobre todo del peronismo, voten en contra de la obra pública. No puedo creer que voten en contra de generar empleo y no puedo creer que voten en contra del crecimiento de San Juan”.
El eje del oficialismo ahora pasa por explicar qué obras podrán gestionarse con esos fondos. Según lo planteado por el vicegobernador Fabián Martín, el financiamiento aparece como una respuesta ante la caída de recursos nacionales y frente a un déficit histórico de infraestructura que en la provincia estiman en unos 3.000 millones de dólares.
Entre los destinos más concretos figura la construcción de 1.500 viviendas distribuidas en 30 barrios, además de 1.000 soluciones habitacionales para familias que ya cuentan con lotes escriturados. También se prevén obras de saneamiento, cloacas, infraestructura hídrica e impermeabilización de canales de riego para mejorar el uso del agua.
En materia vial, una de las prioridades será la Ruta 150, que une Jáchal con Iglesia, considerada clave para el desarrollo minero, el turismo y la conectividad del norte sanjuanino. También se mencionan caminos, accesos y rutas necesarias para acompañar el crecimiento productivo que el Gobierno espera con el avance de la minería del cobre.
Martín también respondió a las críticas de legisladores que hablaron de un posible “cheque en blanco”. Según explicó, el ministro de Hacienda aclaró que no se puede precisar de antemano cuánto recibirá cada obra porque todavía no se conoce el monto final que ingresará ni las condiciones del financiamiento. De todos modos, el oficialismo sostiene que la autorización tiene destino específico: obra pública e infraestructura.
El impacto laboral es otro de los puntos centrales. En las estimaciones oficiales, el plan podría generar entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo directos, principalmente vinculados a la construcción, servicios y actividades relacionadas con la ejecución de obras.
El diputado Gustavo Usín, presidente de ACTUAR, destacó tras la votación que la ley permitirá avanzar en proyectos de viviendas, infraestructura hídrica, caminos, rutas y servicios esenciales. “Es una herramienta que permitirá impulsar obras estratégicas en viviendas, infraestructura hídrica, caminos, rutas y servicios esenciales, mejorando la calidad de vida de los sanjuaninos y fortaleciendo el desarrollo de toda la provincia”, sostuvo.
Usín también remarcó que el financiamiento debe leerse como parte de una planificación más amplia. “Gobernar también es planificar. Por eso celebro esta decisión que nos permitirá preparar a San Juan para una nueva etapa de crecimiento”, afirmó, al defender que la infraestructura será clave para acompañar sectores como la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento.
El respaldo no llegó solo desde el oficialismo. Previamente, tanto la Cámara Argentina de la Construcción como la Federación Económica de San Juan habían expresado apoyo al proyecto, con el argumento de que las obras permitirán reactivar la actividad, sostener empleo y preparar a la provincia para una mayor demanda productiva.
Orrego, por su parte, insistió en que la ley no debe analizarse únicamente como una herramienta financiera, sino como una decisión para anticiparse al crecimiento. “Todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante, pero también diseñamos el futuro de los sanjuaninos”, expresó.
El gobernador también vinculó la aprobación con la necesidad de no depender exclusivamente de los recursos nacionales. “El verdadero debate es cómo hacemos crecer nuestros recursos propios. No podemos depender solamente de la recaudación que viene de Nación. Tenemos que generar más oportunidades para San Juan”, afirmó.
Ahora, con la ley sancionada, el Gobierno deberá avanzar en la búsqueda concreta del financiamiento y en la definición del listado final de obras. En paralelo, la agenda legislativa continuará con otros proyectos que el oficialismo considera estructurales, como la Boleta Única Papel, la ley de desarrollo minero o de proveedores, y una reforma del Estado orientada a ordenar recursos y modernizar la administración pública.