Martín Turcumán ratificó su sintonía política con el presidente Javier Milei y defendió el rumbo del Gobierno nacional con un duro diagnóstico sobre la realidad argentina. Durante una entrevista en un programa de televisión, aseguró que una parte importante del país se opone a las transformaciones porque obtiene beneficios del funcionamiento actual del Estado, una definición que volvió a poner el foco en el discurso que impulsa la administración libertaria.
Según el dirigente, la Argentina atraviesa una discusión de fondo entre quienes promueven cambios estructurales y quienes buscan preservar un esquema que, a su entender, favorece intereses particulares. En ese marco, sostuvo que existe "una mitad de la Argentina que no quiere que nada cambie porque vive de kioscos y del esfuerzo ajeno", mientras que la otra mitad pretende avanzar con reformas de fondo.
Turcumán destacó como principal virtud de Milei su decisión de instalar debates que, según consideró, la dirigencia tradicional evitó durante años. En esa línea, respaldó las políticas de ajuste fiscal y las reformas impulsadas por la Casa Rosada, al tiempo que cuestionó a la oposición por rechazar las iniciativas oficiales sin presentar propuestas alternativas.
Como ejemplos de esos debates mencionó la discusión sobre el financiamiento universitario, la revisión de distintos organismos públicos y la intención del Gobierno de introducir cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.
En el plano económico, el referente de ADN volvió a insistir en la necesidad de una reforma tributaria integral que abarque los tres niveles del Estado. Consideró que la actual carga impositiva desalienta la inversión y resta competitividad, especialmente por tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos.
Incluso planteó que San Juan podría convertirse en una provincia pionera si decidiera eliminar Ingresos Brutos como estrategia para atraer nuevas empresas, incentivar la inversión privada y generar empleo.
No obstante, advirtió que una reducción de impuestos solo será posible si está acompañada por una revisión del gasto público. En ese sentido, propuso abrir una discusión sobre el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, los municipios y los organismos de control, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración pública.
Entre las iniciativas que volvió a poner sobre la mesa figuran la reorganización de estructuras municipales, modificaciones al Consejo de la Magistratura y la sanción de una ley de acceso a la información pública que permita un mayor control ciudadano sobre el uso de los recursos estatales.
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