La víctima habría sufrido una fractura de peroné mientras estaba demorada en la Comisaría 31ª de Las Chacritas. Uno de los efectivos quedó detenido por 15 días y los otros cuatro recuperaron la libertad, aunque ninguno podrá prestar servicio en esa dependencia mientras avance la investigación.
Cinco policías de San Juan quedaron imputados en una causa que investiga un presunto caso de apremios ilegales ocurrido dentro de la Comisaría 31ª de Las Chacritas. La investigación se inició a partir de la denuncia de un joven que aseguró haber sido agredido mientras permanecía demorado y que terminó con una fractura de peroné.
Durante la audiencia de formalización, la querella presentó registros de las cámaras de seguridad de la dependencia policial como parte de los elementos incorporados al expediente. Según explicó el abogado de la víctima, Adrián Verni, las imágenes permitirían observar el ingreso del joven caminando y su salida al día siguiente con una pierna enyesada.
De acuerdo con la hipótesis planteada por la querella, antes de la presunta agresión se habría producido una discusión entre el joven y los efectivos. Posteriormente, varios policías lo habrían trasladado hacia la zona de los calabozos, hasta un sector que no quedaría registrado por las cámaras.
Siempre según la denuncia, en ese punto uno de los efectivos habría golpeado al joven con una patada, provocándole la lesión en la pierna. La defensa de la víctima también puso bajo análisis el tiempo que transcurrió hasta que recibió asistencia médica.
El abogado sostuvo que el joven habría solicitado atención durante la noche debido al dolor, pero que el traslado para recibir asistencia se habría concretado recién después del cambio de guardia. Esta circunstancia también forma parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.
Aunque los cinco policías fueron formalmente imputados, la Justicia resolvió que solamente uno permanezca privado de su libertad durante los próximos 15 días. La Fiscalía lo habría señalado como el principal sospechoso de haber ejecutado la agresión física.
Los otros cuatro efectivos quedaron en libertad, pero todos fueron apartados de sus funciones en la Comisaría 31ª mientras continúa el proceso judicial. La medida busca evitar que permanezcan vinculados operativamente con la dependencia donde habrían ocurrido los hechos.
La investigación también incorporará el testimonio de otra persona que se encontraba demorada en la comisaría durante aquella jornada y que, de acuerdo con la querella, podría aportar información sobre lo sucedido.
La Fiscalía contará inicialmente con un plazo de 15 días para avanzar en la recolección de pruebas y determinar el grado de responsabilidad que habría tenido cada uno de los cinco agentes. El expediente se encuentra en una etapa inicial y las imputaciones deberán ser sostenidas con los elementos que se incorporen durante la investigación.