Los acusados en la causa de Branka Motors no depositaron la primera cuota pactada para 352 víctimas; advierten que podrían pedir la caída del convenio.
El incumplimiento del primer pago en el acuerdo de reparación integral en la causa por presuntas estafas vinculadas a Branka Motors generó malestar entre los damnificados, que esperaban recibir el dinero comprometido el pasado 25 de abril. El convenio, homologado días antes por la Justicia, establecía un plan de devolución en cuotas destinado a resarcir a más de 300 denunciantes.
Según indicaron representantes legales de las víctimas, hasta el momento no se acreditaron los fondos correspondientes a la primera cuota, pese a que los beneficiarios ya habían cumplido con los requisitos necesarios, como la presentación de sus datos bancarios. Ante esta situación, evalúan aguardar unos días más antes de avanzar con un planteo formal para dejar sin efecto el acuerdo.
El retraso impacta en un contexto económico adverso, lo que profundiza la preocupación de quienes aguardaban el pago. Desde la representación legal señalaron que la pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo incrementa la tensión, ya que muchos afectados contaban con esos fondos para afrontar gastos urgentes.
El acuerdo en cuestión contempla la devolución de una suma superior a los 500 millones de pesos, distribuida en cinco cuotas a pagar en un plazo de 120 días. Como garantía, se dispuso la afectación de bienes de los imputados, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del compromiso asumido ante la Justicia.
La homologación estuvo a cargo de la jueza Ana Carolina Parra, mientras que la investigación es impulsada por la unidad fiscal especializada, con intervención del fiscal Guillermo Heredia. El proceso incluyó un análisis financiero detallado para determinar el recorrido de los fondos involucrados en las maniobras denunciadas.
Tras la validación del acuerdo, los imputados recuperaron la libertad bajo una serie de condiciones, entre ellas la obligación de cumplir con el cronograma de pagos. El incumplimiento de este primer vencimiento abre ahora un escenario de incertidumbre, tanto por las posibles decisiones judiciales como por el futuro del convenio que buscaba compensar a las víctimas.