El intendente Sebastián Carbajal aseguró que la interrupción del transporte golpeó a trabajadores, proveedores y comercios vinculados con la actividad minera. El proyecto de Hualilán de construir una planta propia en Ullum dejó en suspenso las expectativas del departamento de sostener ese movimiento económico.
El freno al traslado de mineral desde Hualilán hacia Casposo representa para Calingasta un impacto económico estimado en $800 millones por mes, según calculó el intendente Sebastián Carbajal. La interrupción de la actividad afecta a trabajadores y a distintos sectores que habían comenzado a beneficiarse con el movimiento generado por el proyecto minero, entre ellos transporte, combustibles, alojamiento, gastronomía y proveedores locales.
El escenario se complicó aún más luego de que Challenger Gold, operadora de Hualilán, confirmara que avanzará con la construcción de una planta propia de procesamiento en Ullum. La decisión modificó las expectativas que existían en Calingasta respecto de la continuidad del esquema mediante el cual el mineral extraído en Ullum era enviado a Casposo para su procesamiento.
De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, la construcción de la nueva planta está proyectada entre fines de 2027 y comienzos de 2028, mientras que el objetivo preliminar es recuperar la producción a principios de 2029. La empresa aclaró que los plazos dependerán de la evolución de los estudios técnicos, los permisos y las distintas etapas necesarias para concretar el proyecto.
Para Carbajal, el cambio de estrategia implica un fuerte retroceso para la economía departamental. El intendente sostuvo que la actividad había comenzado a generar un circuito de consumo y contratación que excedía al transporte del mineral y alcanzaba a numerosos prestadores de servicios. Ese movimiento, según su estimación, había llegado a representar unos $800 millones mensuales.
El vínculo entre ambos departamentos había comenzado en febrero, cuando Hualilán puso en marcha sus operaciones y el mineral extraído en Ullum comenzó a ser trasladado hacia Casposo. Para esa tarea habían sido contratadas las empresas MTZ, Terra Logística y Mi Viejo, en un recorrido de aproximadamente 165 kilómetros.
El acuerdo contemplaba el transporte de unas 720.000 toneladas de roca mineralizada, con una inversión estimada en $27.429 millones. La operación convirtió a Calingasta en un punto clave dentro del esquema productivo de Hualilán y generó nuevas oportunidades para trabajadores y empresas locales.
Sin embargo, a mediados de junio las transportistas recibieron la confirmación de la suspensión de sus contratos. En aquel momento, la explicación estuvo vinculada con un inconveniente técnico relacionado con la estimación del volumen de mineral disponible para esta etapa del proyecto.
Desde entonces, en Calingasta se mantuvo la expectativa de que el traslado pudiera retomarse. Incluso, la empresa había anticipado que la actividad podría reanudarse durante el cuarto trimestre de este año. El anuncio de una planta propia en Ullum, sin embargo, modificó sustancialmente ese escenario.
Carbajal cuestionó además que las condiciones bajo las cuales se desarrolla la inversión minera no hayan generado, a su criterio, garantías similares para las comunidades involucradas. En particular, puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que mientras la compañía cuenta con previsibilidad para sus inversiones, Calingasta quedó expuesto a los cambios en el esquema operativo.
El jefe comunal también advirtió sobre las consecuencias laborales de la decisión y sostuvo que el departamento perdió puestos de trabajo y posibilidades de crecimiento asociadas al proyecto. Para Carbajal, el cambio significó una modificación de las condiciones que habían permitido a Calingasta proyectar un mayor movimiento económico a partir de la minería.
Casposo, de todos modos, continúa operativo y mantiene trabajadores de Calingasta, aunque con una escala menor a la que hubiera alcanzado si se sostenía el ingreso del mineral proveniente de Hualilán. Ante este panorama, el intendente planteó como alternativa que otros emprendimientos mineros de la provincia puedan utilizar la capacidad de procesamiento disponible en Casposo.
La propuesta apunta a evitar que la infraestructura existente pierda actividad y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para trabajadores y proveedores locales. Para el municipio, el desafío será encontrar alternativas que permitan recuperar parte del movimiento que se perdió con la suspensión del vínculo entre Hualilán y Casposo.
El impacto calculado por Carbajal pone en números el alcance que había adquirido una actividad que comenzó apenas meses atrás. Con el nuevo proyecto de procesamiento en Ullum, Calingasta enfrenta ahora el desafío de reemplazar un flujo económico que, según la estimación oficial, había llegado a movilizar unos $800 millones cada mes.