La inversión destinada a infraestructura también podría elevar entre 3% y 3,5% el Producto Bruto Geográfico de la provincia. Desde el Gobierno advierten que el impacto será progresivo y que la construcción, los proveedores y los servicios estarán entre los primeros sectores beneficiados.
La inversión de US$250 millones que contempla el acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña podría convertirse en un fuerte impulso para la economía provincial, con una proyección de hasta 2.500 nuevos puestos de trabajo y un crecimiento de entre 3% y 3,5% del Producto Bruto Geográfico.
La estimación fue realizada por Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, quien analizó el posible impacto que tendrá el desembolso destinado a obras de infraestructura. Para dimensionar el efecto, tomó como referencia una economía provincial cuyo valor actual ronda los US$6.500 millones.
De acuerdo con sus cálculos, el efecto sobre la actividad económica no se reflejará de manera inmediata. El crecimiento del PBG se produciría principalmente una vez concretadas las inversiones y podría observarse con mayor claridad durante el año siguiente.
El impacto laboral, en tanto, alcanzaría a unas 2.500 personas. La cifra contempla tanto los puestos que puedan generarse directamente a partir de la ejecución de las obras como aquellos que surjan indirectamente por el movimiento de proveedores y otras actividades vinculadas.
La construcción aparece como uno de los sectores que podría recibir el primer impacto de esta inyección de recursos. A partir de allí, el movimiento económico podría extenderse hacia distintas ramas relacionadas con la provisión de materiales, transporte, servicios y actividad comercial.
Entre las obras consideradas estratégicas aparece la transformación de la Ruta Nacional 40 Norte, especialmente en el corredor que conecta Albardón con Jáchal. Para Aciar, una mejora de esa vía permitiría disminuir los costos de traslado y mejorar las condiciones logísticas de cara al crecimiento que podrían experimentar los grandes proyectos de cobre en la provincia.
El funcionario también planteó una mirada de más largo plazo y consideró que el desarrollo minero puede generar cambios profundos en la estructura productiva y laboral de San Juan. Una mayor actividad demandaría trabajadores y servicios vinculados al transporte, comercio, gastronomía, construcción de viviendas y otras actividades necesarias para acompañar el crecimiento.
Sin embargo, Aciar remarcó que las proyecciones deben tomarse con cautela y que el impacto dependerá de que los distintos proyectos efectivamente avancen. En ese sentido, planteó que el crecimiento será gradual y requerirá una planificación previa para evitar que la expansión de la actividad genere cuellos de botella.
La capacitación laboral será uno de los puntos centrales para responder a la nueva demanda. A la vez, la provincia deberá anticiparse a las necesidades de infraestructura, servicios y viviendas que podrían surgir si la inversión minera y las obras asociadas comienzan a generar un ciclo sostenido de crecimiento.
Así, los US$250 millones no solo aparecen como una fuente de financiamiento para obras puntuales, sino como una oportunidad para activar distintos sectores de la economía sanjuanina. El desafío, según la mirada oficial, será preparar a la provincia para que ese impacto pueda sostenerse y multiplicarse en los próximos años.