La diputada Fernanda Paredes impulsa dos proyectos de ley que apuntan a mejorar los controles sobre el cumplimiento de las cuotas alimentarias y a garantizar una representación especializada para niños y adolescentes en la Justicia.
El incumplimiento de las cuotas alimentarias continúa siendo una de las principales problemáticas que afectan a miles de familias en Argentina. Con el objetivo de generar herramientas más eficaces para enfrentar esta situación, la diputada provincial Fernanda Paredes presentó una serie de iniciativas legislativas orientadas a reforzar los mecanismos de control y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta fue expuesta durante una jornada de capacitación y concientización en la que participaron organizaciones sociales, mujeres y referentes vinculados a la temática. Allí se analizaron las dificultades que enfrentan muchas familias para percibir de manera regular los aportes destinados a la manutención de sus hijos.
Según datos difundidos durante el encuentro, más de la mitad de las mujeres que sostienen hogares monoparentales no reciben cuota alimentaria, mientras que una proporción significativa de quienes sí la perciben enfrenta retrasos o incumplimientos recurrentes.
Frente a este panorama, uno de los proyectos impulsados por Paredes propone una actualización del Registro de Deudores Alimentarios con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y judiciales vinculados al control de las obligaciones alimentarias. La iniciativa contempla la actualización inmediata de la información y la fijación de plazos para las distintas intervenciones que se realizan dentro del sistema.
Además, plantea ampliar los casos en los que será obligatorio presentar un certificado de libre deuda alimentaria. Entre ellos se incluyen trámites financieros, operaciones comerciales y determinadas gestiones administrativas, incorporando también a quienes aspiren a ocupar cargos públicos electivos.
La segunda iniciativa apunta a la creación de la figura del Abogado del Niño, un profesional especializado encargado de representar de manera independiente los intereses de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales que los involucren. El objetivo es garantizar que sus derechos tengan una defensa específica más allá de las disputas existentes entre los adultos responsables.
Desde el ámbito legislativo remarcaron que la obligación alimentaria no se limita únicamente al aporte económico mensual, sino que abarca todos los aspectos necesarios para el desarrollo integral de los hijos, incluyendo educación, salud, vestimenta, recreación y actividades formativas.
En ese sentido, se recordó que la responsabilidad sobre la crianza corresponde a ambos progenitores y que cada situación debe evaluarse de acuerdo con las condiciones particulares de las familias, contemplando ingresos, modalidades de cuidado y necesidades específicas de los menores.
Las iniciativas comenzarán ahora su recorrido legislativo con la expectativa de fortalecer las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y brindar una mayor protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia.