La megacausa por la estafa vinculada a Branka Motors se encamina hacia su definición en la Justicia de San Juan. Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire acordaron aceptar una pena de cinco años de prisión efectiva y evitar así la realización de un juicio convencional por una maniobra que dejó cientos de damnificados y un perjuicio económico millonario.
El acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal será presentado formalmente este miércoles a las 11 ante la jueza de Garantías Carolina Parra, quien deberá analizar si corresponde homologar el juicio abreviado. El abogado de los acusados, José Daniel Tejada, confirmó que el entendimiento ya fue alcanzado con Fiscalía.
La resolución penal, sin embargo, no contempla la devolución del dinero presuntamente defraudado. De acuerdo con la defensa, el perjuicio económico está calculado en aproximadamente $524 millones y la discusión sobre el recupero de esos fondos deberá trasladarse al fuero civil.
Esto significa que quienes resultaron damnificados no obtendrán mediante este acuerdo penal una reparación económica automática. Aquellos que pretendan recuperar las sumas entregadas deberán iniciar las acciones correspondientes en la Justicia Civil.
La causa tomó dimensión a partir de las denuncias de personas que habían entregado dinero para adquirir vehículos ofrecidos por Branka Motors a precios considerablemente inferiores a los habituales del mercado. Uno de los primeros casos que impulsó la investigación fue el de Guadalupe Ailén Céspedes, quien pagó $1.700.000 por una motocicleta que finalmente nunca recibió.
En mayo, los acusados habían alcanzado un principio de acuerdo para intentar reparar el daño mediante un esquema de cinco cuotas. Sin embargo, el entendimiento quedó sin efecto después de que no se concretara el primer pago comprometido.
Ante ese incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia pidió dejar sin efecto el convenio y los imputados terminaron trasladados al Penal de Chimbas, donde permanecen bajo prisión preventiva.
Ahora, la salida mediante juicio abreviado busca poner punto final a la investigación penal con una condena de cinco años de prisión efectiva para los tres acusados. Los querellantes tienen la posibilidad de manifestar su oposición durante la audiencia, aunque esa postura no obligará a la jueza a rechazar el acuerdo.
La causa constituye uno de los expedientes de mayor magnitud tramitados bajo el sistema acusatorio sanjuanino, tanto por la cantidad de personas afectadas como por el volumen del dinero involucrado. Según la información incorporada al expediente, el número de damnificados supera las 530 personas, mientras continúa pendiente la discusión sobre cómo y cuándo podrán recuperar las sumas que aseguran haber perdido.
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