La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni suma nuevos testimonios y medidas de prueba, en un contexto marcado por cuestionamientos a sus gastos personales y operaciones patrimoniales.
En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, esta semana se presentan testigos considerados relevantes para esclarecer movimientos financieros del funcionario. Entre ellos, declaró el contratista Matías Tabar, quien aseguró haber recibido 245 mil dólares en efectivo por refacciones realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
También fue citado Leandro Miano, señalado como intermediario en la compra de un departamento en el barrio de Caballito, operación en la que habrían intervenido terceros vinculados al entorno familiar de prestamistas involucrados en la causa.
En paralelo, se sumaron cuestionamientos por gastos personales del funcionario, entre ellos un viaje familiar a San Carlos de Bariloche con erogaciones que superaron los 9 millones de pesos, además de otros traslados de características similares que están bajo revisión. En este contexto, se prevé la declaración de un testigo cuya identidad se mantiene reservada.
El funcionario sostuvo públicamente que los viajes fueron financiados con recursos propios y remarcó que su patrimonio se encuentra debidamente declarado conforme a la normativa vigente. Asimismo, negó cualquier irregularidad en el uso de fondos públicos.
Por su parte, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanzará con peritajes orientados a analizar inconsistencias detectadas entre los ingresos declarados y los gastos registrados, considerados por los investigadores como de difícil justificación.
En el plano político, el caso también derivó en un cruce con el diputado Rodolfo Tailhade, quien solicitó explicaciones sobre el uso de recursos oficiales. Ante esto, Adorni anunció que iniciará acciones legales por presunto espionaje.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su respaldo al funcionario y se prevé que retome su agenda pública en la Casa Rosada, en medio de una investigación que continuará durante las próximas semanas con nuevas medidas para determinar la evolución de su patrimonio desde diciembre de 2023.
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