El abogado que impulsó la denuncia sostuvo que la investigación atraviesa una etapa clave y manifestó su preocupación por una eventual prescripción de algunos hechos. También cuestionó las presentaciones realizadas por exfuncionarios de OSSE durante el proceso judicial.
El abogado Marcelo Arancibia, denunciante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, advirtió que el expediente atraviesa una instancia determinante y expresó su preocupación por los tiempos de la investigación, al considerar que algunos hechos bajo análisis podrían acercarse a los plazos de prescripción.
La causa se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP), cuyo plazo fue prorrogado por 90 días hábiles para que el Ministerio Público Fiscal continúe reuniendo pruebas y determine si existen elementos suficientes para formular imputaciones por posibles delitos contra la administración pública.
En ese contexto, Arancibia cuestionó las presentaciones realizadas por los exfuncionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Ruiz y Guillermo Sirerol. Según indicó, ambos promovieron distintas acciones judiciales pese a no estar imputados en el expediente, entre ellas una denuncia por presunto prevaricato contra la jueza de Garantías, un pedido de recusación que fue rechazado y planteos de nulidad sobre distintas actuaciones.
El letrado consideró que esas medidas contribuyen a dilatar el avance del proceso y remarcó la importancia institucional de la investigación, al señalar que busca esclarecer el manejo de una de las obras públicas más relevantes ejecutadas en la provincia durante los últimos años.
Respecto del fondo de la denuncia, Arancibia reiteró que el objetivo del expediente es determinar si durante el proceso licitatorio existieron actuaciones que pudieran haber favorecido de manera indebida a una empresa participante, situación que, de acreditarse, podría configurar distintos delitos previstos en la legislación penal.
Asimismo, insistió en su preocupación por los plazos vinculados a informes técnicos elaborados en 2020, al advertir que el paso del tiempo podría impactar sobre la posibilidad de investigar algunos hechos. También cuestionó las limitaciones para el acceso de la prensa a la información judicial y sostuvo que el proceso debe avanzar con la mayor transparencia posible para esclarecer lo ocurrido y establecer, en caso de corresponder, las responsabilidades que determine la Justicia.