El Gobierno de San Juan enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma integral del sistema habitacional provincial que incorpora nuevas condiciones para acceder a viviendas sociales y programas de financiamiento administrados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la exigencia de no registrar antecedentes penales para ser beneficiario de estos programas.
La iniciativa forma parte de una actualización de la normativa que regula el funcionamiento del organismo y busca adecuar los mecanismos de adjudicación a nuevas demandas sociales, al tiempo que propone herramientas para avanzar en la regularización de viviendas que aún no cuentan con escritura.
Dentro de los cambios previstos, el Ejecutivo pretende fortalecer los criterios de evaluación de los postulantes. En ese marco, se contempla un análisis de antecedentes penales, con especial atención a delitos vinculados a la integridad sexual y a hechos de violencia de género. La medida apunta a promover condiciones de convivencia más seguras dentro de los barrios construidos por el Estado.
Desde el Gobierno señalaron que la propuesta responde tanto a la necesidad de actualizar la legislación vigente como a reclamos planteados por vecinos de distintos complejos habitacionales que manifestaron preocupación por situaciones conflictivas relacionadas con conductas delictivas.
No obstante, la reforma excede los requisitos de acceso a una vivienda. El proyecto también incluye mecanismos para simplificar trámites administrativos, modernizar procedimientos legales y acelerar los procesos de escrituración que afectan a miles de familias en toda la provincia.
La regularización dominial constituye uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema habitacional sanjuanino. Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión existían cerca de 12.000 viviendas sin escritura. Aunque en los últimos años se avanzó en la normalización de más de 2.000 casos, todavía quedan alrededor de 10.000 inmuebles pendientes de regularización.
La problemática alcanza tanto a barrios desarrollados por el IPV como a emprendimientos impulsados por cooperativas, sindicatos, fundaciones, asociaciones civiles y otras entidades que dejaron de funcionar o presentan dificultades administrativas que impiden completar la transferencia definitiva de las propiedades.
A ello se suman urbanizaciones promovidas por municipios en distintos puntos de la provincia, donde persisten inconvenientes documentales y jurídicos que retrasan los procesos de escrituración. En muchos casos, las organizaciones responsables fueron constituidas bajo marcos normativos hoy desactualizados, lo que genera obstáculos para concluir los trámites ante organismos nacionales y provinciales.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca establecer nuevas reglas para el acceso a las soluciones habitacionales y, al mismo tiempo, avanzar en la resolución de una deuda histórica vinculada a la seguridad jurídica de miles de propietarios sanjuaninos.
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