La Subsecretaría de Trabajo de San Juan evalúa la posible aplicación de sanciones económicas a los gremios docentes que llevaron adelante el paro del jueves 9 de abril. El procedimiento administrativo continúa en etapa de análisis y, por el momento, no se han establecido definiciones respecto de eventuales multas.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, indicó que la resolución del caso está supeditada a los informes que debe remitir el Ministerio de Educación, documentación considerada fundamental para determinar si existió o no incumplimiento de la normativa vigente.
En ese sentido, el funcionario explicó que el análisis contempla distintos aspectos del conflicto y no se limita a la declaración formal de legalidad de la medida de fuerza, sino a las condiciones en las que se desarrolló dentro del marco normativo laboral.
Desde el organismo señalaron que uno de los puntos centrales es el estado de las negociaciones salariales al momento del paro. Según se indicó, las paritarias se encontraban en curso, lo que, de acuerdo a la normativa vigente, condiciona la posibilidad de adoptar medidas de fuerza.
Marches precisó además que el proceso de negociación había tenido continuidad desde febrero y que, incluso, la reapertura de las audiencias fue solicitada por una de las organizaciones sindicales, con respuesta favorable por parte del Ejecutivo provincial.
No obstante, desde la Subsecretaría se señaló que la convocatoria al paro se habría producido de manera intempestiva, situación que forma parte del análisis administrativo en curso.
Finalmente, el organismo remarcó que la legislación laboral establece límites para la adopción de medidas de fuerza mientras exista una instancia paritaria activa, por lo que continúa la evaluación para determinar si corresponde la aplicación de sanciones económicas a los gremios docentes.
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